El Consorcio Provincial Contraincendios tiene una buena salud económica

Bueu
27 de abril 2023

El pleno ordinario del Consorcio Provincial Contra Incendios, participado al 50% por la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, aprobó este jueves por unanimidad el cierre de la cuenta general del año 2022

Pleno del Consorcio Provincial Contra Incendios
Pleno del Consorcio Provincial Contra Incendios / Deputación de Pontevedra

El pleno ordinario del Consorcio Provincial Contra Incendios, participado al 50% por la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, aprobó este jueves por unanimidad el cierre de la cuenta general del año 2022, que "confirma la buena salud económica del organismo, su solvencia, la inexistencia de deuda financiera y los remanentes del pasado año" que podrán invertirse este año en diferentes mejoras en los parques del Morrazo, Ribadumia, Vilagarcía y O Porriño.

En la sesión, que contó con la asistencia de la presidenta provincial Carmela Silva y del director general de Emergencias, Santiago Villanueva, además de las representaciones de la Deputación y Xunta, se dio cuenta del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, sin perjuicio de la suspensión de las reglas fiscales.

En el orden del día se dio también el visto bueno a la liquidación del contrato con la empresa Matinsa, compañía que mantenía la concesión desde 2013 para la prestación del servicio contra incendios, una vez que desde el 8 de abril de 2021 el pleno del Consorcio aprobó el pase del servicio a la gestión directa.

Finalmente, el pleno aprobó la adhesión del Consorcio a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias. 

La adhesión tiene carácter voluntario y no supone en ningún caso la obligación de efectuar todas las contrataciones a través de la Central de Contratación de la FEMP, pudiendo siempre el Consorcio optar por utilizar este sistema o cualquier otro establecido en la legislación de contratación pública.