Al gobierno municipal de Pontevedra no le ha gustado la postura que ha mantenido la Xunta de Galicia en los últimos días con respecto a Ence. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, insisten en defender la continuidad de la fábrica en Lourizán.
Para el Concello, esta postura es "irresponsable", ya que recuerdan que la justicia ha dictaminado que la prórroga de la pastera estaba "mal concedida" y que el actual emplazamiento de la fábrica vulnera la ley de Costas.
"É un problema que creou o PP", ha señalado la portavoz del ejecutivo municipal, Anabel Gulías, que considera "delirante" que la Xunta de Galicia, en vez de trabajar en la búsqueda de alternativas a la situación de Ence, "contribúa a azuzar o problema".
Ninguna empresa, ha reiterado Gulías, puede tener "privilegios" y ha añadido que "non se pode modificar unha lei por unha única empresa", en referencia a la posibilidad esbozada ayer de una posible modificación de la normativa de costas para dar amparo legal a Ence.
La fábrica, ha subrayado la portavoz municipal, "non pode estar situada neses terreos" y tanto la compañía como la Xunta de Galicia "teñen que aceptar a decisión da xustiza".
Desde la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) han sido mucho más duros en su valoración a la reunión entre la Xunta y los trabajadores, al entender que se está "preparando el terreno" para "burlar" la ley y dejar a la ciudadanía "en la más absoluta indefensión".
Las "soluciones jurídicas" que reclama la Xunta al Gobierno central son, según APDR, "chantajes disfrazados", por lo que espera que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "no ceda ante las presiones empresariales".
Consideran que las ideas analizadas en ese encuentro "parecen ser cosa de trileros o de mafiosos", impulsadas para "dar apariencia de legalidad" a soluciones que solo buscan, concluye, "beneficiar a los intereses de una empresa en detrimento del interés general".