Costas tiene entre manos seis procedimientos de organismos públicos y empresas privadas que han solicitado seguir ocupando terrenos de dominio público marítimo terrestre, una vez que han caducado sus respectivas concesiones. Pero el Concello tiene claro que, en la mayor parte de los casos, esta continuidad no está justificada.
Dos de estos expedientes, el de ENCE y el de la compañía Itaipu-Trade (Pontesa), ya están cerrados y su prórroga ya está concedida. En estos dos casos, al gobierno municipal solo le queda la vía judicial. Ya lo hizo contra la pastera, cuyo futuro determinará la Audiencia Nacional, y en unos días presentará contencioso administrativo por los terrenos de Pontesa.
Al respecto de los cuatro otros casos, Costas ha otorgado un plazo de quince días al Concello para que, como parte interesada, presente los informes pertinentes.
La portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías, ha explicado que el Concello solo apoyará la petición del colegio Sagrado Corazón de Praceres, al entender que su actividad no supone perjuicio alguno para la ciudadanía y que, por lo tanto, se debe autorizar su continuidad.
Caso contrario pasa con los otros tres expedientes. Por un lado, Repsol solicita una prórroga para mantener la gasolinera de O Burgo, espacio que el gobierno municipal desea recuperar para integrar en el ámbito peatonal del puente.
Pontevedra debería recuperar para uso y disfrute de todos los pontevedreses, según Gulías, otros dos espacios: el que ocupa el transformador de Fenosa enfrente del pabellón y los terrenos del Parque de Maquinaria y de la Imprenta Provincial, servicios que la Deputación tiene activos en las inmediaciones de la Xunqueira de Alba.
Contra estos tres casos los servicios jurídicos del Concello presentarán respectivos informes que avalarían un posible rechazo por parte de Costas a las peticiones formuladas por los interesados.