La xunta de goberno local del Concello de Pontevedra ha ordenado a los servicios jurídicos, que presenten un "incidente de nulidad de actuaciones" para que la sentencia del Tribunal Supremo que avala la prórroga de Ence en la ría vuelva a la Audiencia Nacional.
Se trata de un medio de impugnación de carácter extraordinario con el que Concello de Pontevedra quiere dejar sin efecto "unha sentenza que consideramos inxusta".
En una rueda de prensa celebrada este lunes, la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, ha explicado que en el recurso que había planteado el Concello ante la Audiencia Nacional se exponían cinco argumentos para fundamentar el rechazo a la continuidad de la fábrica en Lourizán.
Sin embargo, en su sentencia "a Audiencia Nacional non valora todos" y solo toma en consideración el argumento que hacía referencia al artículo 32 de la Ley de Costas que cuestiona la permanencia de actividades en terrenos de dominio marítimo-terrestre si estas pueden desarrollarse en otras ubicaciones.
Los abogados del Concello de Pontevedra entienden que la Audiencia Nacional no entró a valorar el resto de argumentos y, en consecuencia, tampoco el Tribunal Supremo los tomó en consideración. Por ello creen que "xera no Concello indefensión, porque nós non dabamos só ese argumento senón moitos máis motivos" por lo que acude a este medio de impugnación de carácter excepcional.
Mediante la presentación de este incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, el Concello de Pontevedra persigue que el caso vuelva a la Audiencia Nacional "para que se xulguen cada un dos motivos que esgrimimos no noso recurso e desta forma permítasenos defendernos con todas as garantías dun proceso xudicial xusto, igualitario e efectivo", ha dicho Anabel Gulías.
El Concello también esgrimía en su recurso que la prórroga del 2016 vulneraba legislación ambiental autonómica, como las directrices de Ordenación do Territorio y del Plan de Ordenación do Litoral. Además aseguraban que el gobierno en funciones de Mariano Rajoy, "en tiempo de desconto", no podía conceder una prórroga de estas características.
Además, el recurso municipal citaba a la directiva de servicios de la Unión Europea, que establecía que tenía que haber proceso de concurrencia pública, y aludía también a la caducidad expresa de la prórroga inicial a Ence en 2018.
Anabel Gulías concluyó su comparecencia recalcando que este asunto "é unha cuestión importantísima para o Concello, para o goberno local de Pontevedra, recuperar os terreos e por terra, mar e aire empezamos o proceso para devolverlle aos veciños o que lles pertence".