El gobierno municipal, a través de su portavoz Raimundo González, ha negado "rotundamente" que sus miembros hayan actuado como 'mentores' para que amistades y familiares del alcalde y varios concejales fuesen contratados por la empresa Cespa, compañía concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en la ciudad de Pontevedra desde el año 1999.
Todo parte de un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que, citando un documento intervenido en la sede de Cespa durante la Operación Patos, se evidenciarían diversas contrataciones de trabajadores que habrían sido sugeridas por políticos y técnicos municipales. Entre los citados como 'mentores' de estos enchufes están el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, o varios ediles del grupo de gobierno.
Los agentes concluyen que, en Pontevedra, constan como contratados unas 14 personas que, según el informe, habrían sido enchufados no solo por políticos sino también por diferentes técnicos municipales o incluso por un agente de la Policía Local.
"Para o goberno municipal foi unha sorpresa que apareza o noso nome nesa relación", afirmó Raimundo González, que negó haber realizado cualquier influencia en los procesos de contratación de Cespa en Pontevedra. De hecho, en su caso su nombre aparece relacionado con cuatro personas y a tres de ellas "non sei sequera se as coñezo" y la cuarta sería la hija de un primo suyo de cuya contratación "entereime cando xa estaba traballando".
En todo caso, ante la aparición de este informe sobre estos supuestos enchufes que ha remitido la UDEF a la jueza instructora de la Operación Patos, el edil del BNG señaló que "vamos a indagar" en la política de contratación que tiene esta empresa porque afirmó que el Concello de Pontevedra está "sumamente interesado" en aclarar esta cuestión. En este sentido, reiteró que "é bo que se investigue todo o que se teña que investigar".
Tras destacar que "ruxe ruxes hai moitos", no quiso menospreciar la investigación de las autoridades porque "se o di a Policía, existirá ese listado", por lo que insistió en que con independencia que las actuaciones a nivel judicial -que en el caso de Pontevedra aún no han pedido información alguna al Concello- no tengan recorrido en los juzgados "queremos que se clarifique" porque en el gobierno municipal "non quero que se dean estas prácticas".