Ence no puede continuar en Lourizán. Así lo entiende el Concello de Pontevedra. Tiene claro que la empresa incumple de forma "reiterada" los parámetros de su concesión, según asegura la concejala de Urbanismo, Carme da Silva. Bajo ese supuesto, ha destacado que si la Xunta renueva su autorización ambiental "estaría a vulnera a legalidade vixente".
Un informe municipal, solicitado por la Xunta el pasado 26 de diciembre dentro del proceso para la renovación de la autorización ambiental integrada de la fábrica de Lourizán, rechaza la concesión de este permiso, obligatorio para que Ence pueda continuar con su actividad a orillas de la ría de Pontevedra, en base a seis aspectos.
El "máis grave de todos", según Da Silva, es el aspecto urbanístico. Dos normativas aprobadas por la Xunta, las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan de Ordenación del Litoral (POL), establecen las medidas que se debe adoptar para la recuperación de estos terrenos y su incorporación al litoral gallego.
El Concello entiende que tanto la autorización ambiental como la prórroga de la concesión "incumpren" ambas directrices y lesionan competencias "exclusivas e excluíntes" del gobierno gallego. Además, Da Silva recuerda que estas normas son de "obrigado cumprimento" para todos y ha denunciado que la Xunta "permite que se pase por encima" de sus propias leyes.
Tampoco estaría cubierta desde el punto de vista urbanístico, según la edil del BNG, cualquier modificación del proceso de producción que pueda realizar Ence en sus instalaciones, ya que no estaría amparada por el decreto de supramunicipalidad aprobado en su día por el gobierno de Manuel Fraga y que "é para o que está".
Pero los aspectos ambientales también tienen mucho peso en la decisión del Concello. Carme da Silva ha explicado que Ence supera "a cada pouco" los parámetros concesionales, fijados para proteger la ría, especialmente en la demanda biológica de oxígeno. Solo en el año 2013, ha dicho, cinco de las 24 mediciones realizadas excedieron los límites que fija la concesión.
En relación a los vertidos, Da Silva ha denunciado que los parámetros admitidos por la autorización ambiental -PH, demanda de oxígeno y nitrógeno o sólidos en suspensión- son "moi superiores" a los permitidos para las aguas residuales urbanas y al compartir emisario la empresa tendría que adaptarse a éstos últimos.
"Non se lles pode autorizar un límite que supera aos das augas residuais", ha apuntado la responsable de Urbanismo, citando una resolución europea.
A todo ello, se suman las dudas que genera la situación judicial de todo este asunto. Aseguran que la resolución que resuelve parcialmente la caducidad de su concesión "non é válida" y se debe resolver "na súa totalidade". Además, recuerdan que esta decisión no es firme, al haber presentado el Concello un recurso contencioso administrativo, el mismo trámite que se ha realizado contra la prórroga de la concesión.
Así, el Concello entiende que la concesión de Ence debería estar caducada ya y la autorización ambiental no podría ser renovada por "causas claras". Todo este proceso es "inviable", según la concejala nacionalista, que ha reclamado a la Xunta que les remita toda la documentación que haya aportado la compañía pastera en este procedimiento administrativo.