La Junta de Gobierno del Concello de Pontevedra ha aprobado este lunes presentarse en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos de esta capital en el procedimiento iniciado por la plataforma vecinal 'Residuos Non' de Ponte Sampaio con su reciente recurso en contra del alquiler de los terrenos, firmado por el gobierno local en diciembre pasado.
El gabinete jurídico del Concello ha aconsejado esta medida para defender el contrato de alquiler suscrito con la Comunidad de Montes de A Canicouva en virtud del cual los comuneros ceden diez hectáreas de propiedad mancomunada por treinta años, la comunidad de montes recibirá un canon anual de 2.000 euros por hectárea, a lo que hay que sumar una renta variable de 0,40 euros por tonelada procesada.
Estas cantidades serán actualizadas cada ano con el IPC correspondiente y en caso de que éste sea negativo, se mantendrá el canon del año anterior. Además, el Concello se compromete a asumir los trabajos de silvicultura en otras quince hectáreas de monte comunal.
Todo este dinero que recibirá A Canicouva gracias a este acuerdo tendrán que destinarlo obligatoriamente a la mejora del monte de la parroquia o a la inversión en obras y servicios que sean de interés general para toda la comunidad de vecinos propietarios. Se excluye la posibilidad de que se pueda repartir entre los comuneros.
Pese a que la planta de compostaje aún tardará al menos un par de años en estar en funcionamiento, el Concello ya comenzó a computar desde el pasado mes de noviembre el pago del alquiler de los terrenos de Canicouva donde se levantará.
ASAMBLEA EN PONTE SAMPAIO
El pasado viernes se celebró una asamblea de vecinos en Ponte Sampaio donde quedó patente que la preocupación en esta parroquia sigue igual de activa que meses atrás y, además, salió a la luz un nuevo foco de disgusto: la actitud de la Deputación Provincial de Pontevedra ante la falta de respuesta a sus peticiones de entrevista con la presidenta, Carmela Silva.