El comité de empresa de Ence-Pontevedra convocaba este miércoles una rueda de prensa en el edificio sindical de la calle Pasantería para hacer un llamamiento desesperado para que el Gobierno central y la Xunta colaboren para acordar una vía que garantice la continuidad de la papelera en la ría de Pontevedra y se aseguren los puestos de trabajo.
En la actualidad se encuentra en tramitación en el Congreso la Ley para el cambio climático y la transición ecológica que en su artículo 18 "limita" a 75 años, teniendo en cuenta las prórrogas, la duración de las concesiones de la zona de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas, lo que supondría que la fábrica de celulosa en la ría de Pontevedra tenga que cerrar en el año 2033.
Ante esta situación, y previa consulta con un despacho de abogados, el comité de empresa confía en que "esta ley no se puede aplicar de modo retroactivo", afirma Antonio Lafuente, el presidente del comité de empresa de Ence-Pontevedra, pero hasta que no tengan la confirmación todo son dudas.
"Lo que estamos pidiendo a las diferentes fuerzas políticas que tienen voz en este problema es una mesa de trabajo para buscar una solución definitiva y una continuidad de los puestos de trabajo industriales, tanto para nosotros como para todo el sector forestal gallego, punto clave para el desarrollo de Galicia", manifiesta Lafuente.
En las últimas semanas, el comité de empresa de Ence-Pontevedra ha mantenido reuniones con representantes de los partidos políticos en el Gobierno, tanto en Galicia como a nivel estatal. Sin embargo, el resultado ha sido desalentador para los trabajadores.
"Lo que no nos ha parecido muy normal es que nos sentemos con la Xunta y que nos digan que ellos no tienen nada que hacer" en un tema que afecta a un sector tan importante en Galicia como es el forestal, se lamenta Antonio Lafuente. En el caso del Gobierno central, los contactos han sido a través de los socialistas gallegos con un resultado también desalentador "el PSdG, que nos ha remito al juicio, nos ha dicho que mientras la sentencia no salga ellos no pueden hacer nada", apunta Lafuente.
Esta sentencia se refiere a los tres recursos ante la Audiencia Nacional aún pendientes de resolución judicial contra la prórroga de la concesión de la pastera en la ría de Pontevedra hasta el año 2073 concedida el 20 de enero de 2016 por el gobierno de Mariano Rajoy y que fueron presentados por el Concello de Pontevedra, la Asociación para la Defensa de la Ría (APDR) y la asociación ecologista Greenpeace. El pasado mes de diciembre, Antonio Casal, el director de Ence-Pontevedra manifestaba que, tras muchos retrasos, esperaba que la sentencia llegase en este primer trimestre de 2021.
El comité de empresa de Ence-Pontevedra avisa de que la sentencia tampoco aclararía la situación de la fábrica pastera, ya que "aunque sea favorable a la empresa, esto va a tener un recorrido de mucho tiempo y nosotros no queremos vivir una situación de incertidumbre total", apunta Lafuente, que además incide en el dato de que "sobre mil trabajadores entran todos los días en la fábrica de Pontevedra", de los que 270 son empleos directos.
"La empresa nos ha manifestado que no habrá inversiones en Pontevedra hasta que esta situación jurídica se aclare, esto nos tiene en la situación de que un recorte en inversiones y un recorte en el mantenimiento va a provocar que la fábrica caiga por inanición", explicaba el presidente del comité de empresa al tiempo que también pedía que en esa mesa de trabajo estuviesen presentes no solo las fuerzas políticas con capacidad de gobierno, sino también los trabajadores y la propia empresa.
Estas declaraciones se realizaban con el apoyo de todos los sindicatos que tienen presencia en la fábrica de Pontevedra, incluido Comisiones Obreras. Este sindicato ha promovido en las últimas semanas diversas movilizaciones al margen de los acuerdos del comité de empresa, formado por una mayoría de CIG, con apoyo de UGT y un miembro independiente. De aquí en adelante, todos los representantes de los trabajadores marcharán unidos por el objetivo común de garantizar los puestos de trabajo.