A la Xunta de Galicia "no nos gusta lo que está pasando" con el cierre anunciado por Abanca de numerosas sucursales en el rural gallego, pero entiende que se trata de una "decisión empresarial" que ninguna administración "puede impedir".
Así lo ha reconocido el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, preguntado en Pontevedra sobre si la Xunta tiene herramientas para frenar estos cierres o sancionar a las entidades que dejen a los municipios más pequeños sin servicios bancarios.
"Si hay una retirada, alguna alternativa tendrá que haber", ha señalado Rueda, que ha destacado que frente a la "mejor solución" que sería mantener abiertas esas oficinas se deben "arbitrar soluciones" para que estos servicios "no desaparezcan totalmente".
Además de las subvenciones de la Xunta para que los bancos instalen cajeros automáticos, el dirigente autonómico ha sugerido la posibilidad de que estas oficinas puedan ser itinerantes o instalarse en cada municipio de manera temporal.
En todo caso, desde el gobierno gallego transmitirán a las entidades bancarias que "no es bueno" que cierren su actividad en estos municipios del rural al ser un "servicio fundamental" y aseguran que "no estamos de acuerdo" con estas decisiones.
"Al final es una decisión empresarial que la Xunta no puede prohibir, pero frente a esa decisión puede haber reacciones de muchos tipos", ha añadido el vicepresidente, que asegura que la Xunta "actuará para que los vecinos lo noten lo menos posible".
Además, la Xunta "hablará" con los bancos, fundamentalmente Abanca, para que "reconsideren" los cierres anunciados o, al menos, "que no sea una retirada total".
Rueda, en todo caso, ha subrayado que "no quiero adelantar acontecimientos" y la Xunta irá adoptado decisiones "al ritmo que se confirmen estas retiradas", siempre que estas se "consoliden". Será entonces, ha defendido, cuando "diremos lo que vamos a hacer".