El diputado del BNG, Luis Bará, preguntó en comisión parlamentaria sobre el plazo para licitar y ejecutar el proyecto de dragado del canal de acceso al puerto de Pontevedra en el río Lérez y el presidente de Portos de Galicia recordó que el ente público tiene " vontade política" de hacerlo y que ya está redactado y sometido a información pública el proyecto desde el pasado año, "pero que as discrepancias internas das confrarías paralizaron o inicio da tramitación ambiental".
Bará afirmó que a "vontade política" se expresa con licitaciones en el DOG, presupuestos y sobre todo, "coa execución das obras".
Pero el responsable de este ente público replicó que "manteremos a filosofía permanente da Consellería do Mar de procurar o consenso do sector marítimo portuario arredor de calquera investimento que propoñemos" y especialmente en una actuación de esta envergadura, dijo Durán.
El gobierno municipal, la corporación municipal y el sector reclaman el dragado y la única discrepancia reside en el lugar en el que se vierten los materiales. En este sentido el nacionalista Luis Bará dijo que "si vostedes están dispostos a cambiar o punto de vertidos resolverase o problema" y será posible "un río dragado, produtivo e navegable como merece Pontevedra".
Jose Juan Durán subrayó que el punto de vertido elegido cuenta con todos los avales técnicos y la Xunta mantiene la capacidad presupuestaria para tramitar la obra en el momento en que cuente con acuerdo global.
El parlamentario del BNG advirtió que el consenso no va a ser posible pero sí un acuerdo mayoritario con "valentía e determinación" para llevar adelante las obras y de existir "algunha discrepancia", puntualizó, habrá que buscar una solución como ya se ha hecho en otras ocasiones.
Durán Hermida dijo que la falta de consenso en el sector se puso de manifiesto en el período de presentación de alegaciones en el que se recibieron 16, entre ellas las de los colectivos solicitantes del proyecto, las cofradías de la ría. Además recordó que un cambio en este punto de vertido supondría la vuelta atrás del proyecto, teniéndose que repetir los estudios ambientales con la consiguiente dilatación de los plazos, que fijó "nun mínimo de varios meses".