La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quiere conocer el estado del procedimiento de infracción contra España abierto en febrero por incumplimiento de la Directiva de Servicios en las concesiones costeras, que afecta a la concesión de Ence en la Ría de Pontevedra.
Dado que no tiene acceso al expediente correspondiente, emitió una pregunta a la Comisión Europea en la que también quiere saber que medidas tomó España para corregir las causas de esta infracción.
El 15 de febrero de 2023, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra el Estado español por incumplir la Directiva de Servicios y no garantizar un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras. Miranda sostiene que ya pasaron los dos meses que tiene de plazo el Estado para responder al requerimiento, por lo que quieren saber se desde lo gobierno central se tomó alguna medida al respeto.
Para la nacionalista, "es totalmente inaceptable que los sucesivos gobiernos estatales incumplan la normativa europea" que sirve para proteger la costa de la contaminación "y del expolio de empresas como Ence".
La eurodiputada nacionalista subraya que la Ley de Costas sustentó la prórroga de la concesión a la empresa papelera Ence hasta 2073, -concedida por el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy en 2016- "sin un proceso abierto de selección" y "infringiendo la Directiva de Servicios".
En este sentido, recuerda que en una sentencia de 20 de abril de 2023, el Tribunal de Justicia de la UE declara que la Directiva de Servicios impone el deber de que estas concesiones sean adjudicadas con selección imparcial y transparente. Añade que "por se había ido poco, el propio TJUE deja sin efecto las normas estatales que dispongan el contrario".
Según el Derecho de la Unión, para otorgar concesiones de ocupación del dominio público marítimo, los Estados Miembros deben aplicar un procedimiento de selección entre los candidatos potenciales cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad esté limitado debido a la escasez de los recursos naturales. “En el caso de la prórroga a Ence nos encontramos por tanto en una clara vulneración del derecho comunitario”, subraya Ana Miranda.