El Parlamento gallego debatirá esta semana una proposición no de ley presentada por el BNG en la que se pide la paralización y el rechazo del trasvase del río Verdugo y el estudio de diversas alternativas para mejorar el abastecimiento de agua al área de Vigo.
La iniciativa, defendida por el diputado Luis Bará, se debatirá y se votará el miércoles. Tiene como finalidad paralizar y descartar el proyecto de trasvase de agua desde el río Verdugo a la canalización que va del embalse de Eiras a la estación potabilizadora del Casal en Vigo, proyecto promovido por Augas de Galicia y el Concello de Vigo.
El BNG apoya de este modo el posicionamiento de los ayuntamientos de Ponte Caldelas, Soutomaior o Pontevedra, que piden que se descarte este obra por su impacto ambiental en la cuenca del río Verdugo y por la repercusión en la actividad económica de la pesca y el marisqueo en la ensenada de San Simón y en el fondo de la ría de Vigo.
El trasvase supondría retirarle al río Verdugo más de la mitad del caudal en períodos de sequía. Tendría por lo tanto, según el BNG, un fuerte impacto en la cuenca del río Verdugo, en un área protegida por la Rede Natura y con gran valor ambiental y paisajístico.
Para Luis Bará "no tiene ningún sentido intentar llevar a cabo ahora una obra muy costosa que ya se descartó en el pasado por razones ambientales y que no resolvería el problema de fondo del abastecimiento al área de Vigo".
En este sentido, el BNG defiende un plan integral de actuación financiado por la Xunta, el Ministerio de Medio Ambiente y el Concello de Vigo que permita la mejora de la eficiencia de los sistemas de captación, almacenamiento y abastecimiento de agua, para reducir sensiblemente las pérdidas que se producen, que según diferentes estudios pueden llegar al 30%.
Además, se debe acometer la modernización y ampliación de la estación potabilizadora del Casal, que "no tiene ni capacidad ni tecnología moderna" para el tratamiento del agua anclada en Eiras, y el desarrollo de un programa de racionalización y uso sostenible del agua que incluya medidas de ahorro, reducción del consumo y reutilización, así como la revisión de la estructura tarifaria para premiar el ahorro y penalizar el consumo abusivo de agua.