El insólito caso de los dos polizones que llegaron al puerto de Marín en diciembre de 2017, formalizaron un petición de asilo político en España y al día siguiente a su llegada partieron en el mismo barco sin que haya vuelto a saberse de ellos sigue sin respuestas más de un año después. El Defensor del Pueblo ha abierto un expediente para aclarar lo ocurrido a raíz de la queja formulada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) al Defensor del Pueblo por incumplimiento de la normativa en materia de asilo y, en el seno de su investigación, empiezan a conocerse detalles de lo ocurrido.
Así, en el marco de esas averiguaciones, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra remitió un escrito al Defensor del Pueblo reconociendo que no consta en sus dependencias ninguna solicitud de autorización para que el buque abandonara el puerto ni que se hubiera otorgado autorización de salida.
El Defensor del Pueblo le había pedido información a la Subdelegación poco después de empezar a estudiar la queja de CEAR, pero no ha recibido la respuesta hasta las últimas semanas. Cabe reseñar que en este tiempo se ha producido un cambio de Gobierno y, por lo tanto, de titular de la subdelegación. Cuando ocurrieron los hechos y empezaron a investigarse, estaba en manos del PP y ahora asume la responsabilidad la socialista Maica Larriba.
El propio Defensor del Pueblo dio a conocer esta respuesta de la Subdelegación en los últimos días a CEAR. Le explica en un escrito que, una vez revisada toda la documentación obrante en el expediente, se ha comunicado a la Subdelegación, entre otras cosas que, según la información facilitada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la consignataria del barco habría contactado con el jefe del Distrito Marítimo de Marín para conocer si se autorizaba la salida del buque y este habría contactado con la Subdelegación, que consideró procedente otorgar autorización de salida. La información de la Comisaría no precisa si tales actuaciones se documentaron o fueron verbales.
Además, el Defensor del Pueblo recuerda a la Subdelegación que las instrucciones conjuntas de 2007 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de la Dirección General de Política Interior y de la Dirección General de Inmigración sobre tratamiento a polizones extranjeros disponen que es competencia de los subdelegados del Gobierno coordinar el conjunto de actuaciones en cuanto al tratamiento de polizones extranjeros.
De esta forma, el Defensor del Pueblo le da un tirón de orejas a los antiguos responsables de la Subdelegación. Recuerda que debían haber coordinado las actuaciones y evitar que el barco zarpara, comunicando a la autoridad portuaria que no se podía autorizar la salida de la embarcación hasta que la Oficina de Asilo y Refugio no resolviera las solicitudes de asilo y, en el caso de que la consignataria solicitase la autorización, no se concediera hasta que se hubiese procedido al desembarco de los polizones, conforme a lo establecido en las citadas Instrucciones conjuntas.
La normativa en materia de asilo tiene el objetivo de garantizar el respeto a la vida y la integridad de los solicitantes de asilo hasta que se resuelvan sus solicitudes y se determine si necesitan protección internacional y el grado de la misma. El pilar fundamental de la institución del asilo es el principio de no devolución cuyo objetivo es evitar riesgos para la vida e integridad física de los solicitantes y el Defensor del Pueblo insiste en que "precisamente la autorización de salida de un barco con dos solicitantes de protección internacional en su interior conlleva la pérdida del control sobre el destino de estas personas, como así ha ocurrido, desconociéndose en estos momentos su paradero".
Considerando los hechos en el presente caso, el Defensor del Pueblo quiere que lo ocurrido a estos dos polizones sirva para tomar nota y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, de modo que han recomendado a Subsecretaría del Interior que se modifiquen las Instrucciones conjuntas sobre tratamiento de polizones extranjeros.
Así, se recomienda que se incluya en ellas la obligación de la Subdelegación del Gobierno de comunicar por escrito a la autoridad portuaria la presencia de solicitantes de asilo en el interior de barcos amarrados en puerto español o fondeados en aguas españolas y los derechos que les corresponden, entre los que se incluye el de permanecer en territorio o aguas jurisdiccionales españolas hasta que se resuelvan sus solicitudes.
Además, se sugiere que las citadas Instrucciones se apliquen a cualquier persona que manifieste su voluntad de pedir asilo en España y se encuentre a bordo de un buque que esté en aguas jurisdiccionales españolas y que en ellas se establezca de forma expresa la obligatoriedad de entregar sin demora a los abogados que asistan a los polizones copia de la documentación que les permita continuar ejerciendo su función de asistencia jurídica a los solicitantes, algo que no ha sucedido en este caso de Marín, según recoge el Defensor del Pueblo.