"Sinto moito o ocorrido. E pido perdón. Outra cousa non podo dicir". Fueron las últimas palabras ante el tribunal de Francisco González Lameiro, el propietario de la pirotecnia ilegal que en mayo de 2018 explotó y dejó devastado el lugar de Paramos, en Tui, provocando la muerte de un matrimonio y dejando una treintena de heridos y daños que superan los 12 millones de euros.
Francisco González Lameiro se sentó en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra este martes y se declaró culpable de los hechos. Al término del juicio, además, mostró arrepentimiento.
Aunque en su acusación inicial la Fiscalía pedía que fuese condenado a 14 años de prisión, ya antes del juicio se cerró un acuerdo entre las partes por el que esa pena quedó reducida a cuatro años como autor de un delito imprudente de estragos, dos delitos de homicidio imprudente, 28 delitos de lesiones por imprudencia y tres delitos de riesgo provocados por explosivos.
Tras ese acuerdo, se llegó a juicio y ya no se debatió la parte penal del procedimiento, sino que el debate en la sala de vistas se centró en la parte civil, pues en este juicio no se discuten los daños y su importe, que están recogidos en el escrito acordado, sino quién se hará cargo de los mismos.
Hay 25 abogados representando a más de 450 perjudicados y aseguradoras y la sesión se convirtió en una disputa entre compañías de seguros.
Así, una cuestión clave que se discutió y que ahora deberá determinar el tribunal en sentencia es si la aseguradora Mapfre, con quien tenía contratada la póliza el acusado, debe asumir el importe total de las indemnizaciones, próximas a los 12 millones de euros, o tan solo hasta el límite máximo contratado en la póliza, 1,5 millones.
Por los daños en inmuebles deberá indemnizar a 430 titulares. Por los daños en los vehículos, a 76 perjudicados. Por los daños en los servicios, al Concello de Tui. Por los danos físicos, a 36 personas y por el fallecimiento del matrimonio, a sus dos hijos y hermanos.
Los dos huérfanos quedaron en un principio bajo tutela de la Xunta, luego asumió la tutela un tío que se desplazó desde Algeciras y en la actualidad la tiene una tía que vivía en Francia y se los llevó con ella. Ahora, uno ya es mayor de edad.
El resto de las indemnizaciones serían para la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, que asumieron las subvenciones para reparar los daños.
El acusado estuvo en prisión provisional entre el 29 de mayo de 2018 y el 11 de marzo de 2019, de modo que ya cumplió diez meses de esos cuatro años que ahora le impondrán. Una vez que vuelva a la cárcel, se calcula que a partir de un año y medio podrá empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios.
Al término del juicio, su abogado, Ricardo Valencia, señaló que entienden que la aseguradora debe asumir todos los daños, pues "estamos dentro de un seguro que obligatorio que deberían cubrir a las víctimas sin los límites pactados en la póliza, porque evidentemente con los límites pactados no alcanzaría para cubrir la indemnización".
Lo mismo entienden el resto de abogados de las acusaciones. Uno de ellos, Felipe García, que representa a la hermana de la fallecida que tuteló a los huérfanos, explica que "es una cuestión jurídica difícil", pero que si se estableciese ese límite de la póliza "a nadie le daría absolutamente para nada porque somos tantos perjudicados que sí hay que repartirlo entre todos sería una un resarcimiento ínfimo".
Como propietario de Pirotecnia La Gallega, el acusado se confesó responsable de almacenar 1,4 toneladas de productos con carga explosiva fuera de control de la Administración y con un destino desconocido. Tras la explosión, la Guardia Civil localizó en posesión del acusado tres puntos de almacenamiento clandestino.