La unidad asistencial de drogodependencias (UAD) de Pontevedra, que atiende la demanda de tratamientos de pacientes con adicciones en la capital y doce municipios de su área de influencia, ha detectado un "aumento significativo" de consumo de cannabis entre menores.
Así figura en la última memoria anual presentada por el Servicio de Drogodependencias pontevedrés, relativa a 2022, a la que ha tenido acceso PontevedraViva.
La memoria recoge que en ese período hubo cerca de 350 demandas de información de pacientes y/o familiares, que acudieron en persona a las instalaciones, pero un cambio en el sistema informático impide tener estadísticas actualizadas de los nuevos usuarios que recibieron tratamiento.
En 2020, último año con esas cifras, empezaron a tratar a 277 personas, 153 por primera vez y 124 que reiniciaban la atención. De ese año, el estudio aclara que la pandemia de la covid-19 hizo descender los inicios totales cerca de un 29%. El servicio se mantuvo abierto durante el confinamiento, con turnos de personal en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
Esa falta de datos actualizados impide valorar el volumen asistencial de 2022, pero los responsables han querido reflejar en la memoria que "existe la percepción" de que aumentaron ese consumo de cannabis entre menores y el alcoholismo entre adultos.
Una madre pontevedresa que relató a PontevedraViva su experiencia con su hijo adolescente adicto cuestionó que la UAD se está "desmantelando" y que, cuando acudió con él, no le prestaron atención. La memoria sí recoge esa referencia, pero ningún dato más sobre usuarios menores por tratarse de información sensible de un colectivo vulnerable.
Fuentes municipales han confirmado a este periódico que el Concello tiene un convenio con la Xunta, el Servizo Galego de Saúde y la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para la realización de programas de atención y protección de la salud por el que, para 2022, recibió una subvención de 397.294,65 euros.
Los gastos efectivamente pagados por el Concello para los programas de asistencia a personas con trastornos adictivos desde 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ascienden a 495.580,97 euros (no incluidos gastos de limpieza, agua, suministro de energía eléctrica, suministro de carburantes y mantenimiento general del inmueble), de los que un total de 464.814,66 euros corresponden a gastos de personal.
Sobre la gestión de la UAD, ya en 2023 el Concello insistió en la necesaria transferencia a la Xunta de Galicia, pues consideran que no tiene sentido que un centro clínico y sanitario dependa de la administración municipal y pidió convocar una comisión de seguimiento con la FEGAMP para seguir trabajando en su transferencia.
La unidad tiene el siguiente personal: médico-director, psicóloga, psicólogo, diplomado en Enfermería (ATS), diplomada en Trabajo Social y dos auxiliares de Clínica. Son trabajadores con perfil sanitario, de modo que el Concello argumenta que sería más adecuado gestionarlo desde el Sergas. De momento, no hay novedades sobre esa posible transferencia y sigue funcionando, si bien se han recibido críticas en los últimos tiempos sobre la forma en la que operan.
Nació en el año 1991 como una respuesta a la demanda y alerta social que se vivía entonces y presta asistencia a pacientes de Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Soutomaior y Vilaboa, con una población general estimada de 165.000 habitantes.