La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Galicia (Atrifoga) denuncia que en noviembre, un mes después de la oleada de incendios forestales y con el riesgo todavía alto de actividad incendiaria, el servicio de prevención y defensa contra los incendios forestais de Galicia cesó a los empleados que cada año tan sólo tienen contratados tres meses.
Esta medida, generalizada en toda Galicia, afectó a Pontevedra directamente, en tanto que en el Distrito Forestal XIX Caldas - O Salnés hay 36 trabajadores que sólo están activos tres meses al año. Esta zona forestal atienda a las demarcaciones de Caldas-O Salnés, O Morrazo y Pontevedra.
Tras la oleada de incendios de octubre, la Xunta amplió el tiempo de trabajo del personal de tres meses del SPDCIF y prolongó el dispositivo, pero finalmente 436 trabajadores fueron cesados el 12 de noviembre. Además, esta misma semana, el 30 de noviembre, se prevía cesar a 626 fijos-discontinuos de 9 meses.
La asociación insiste en que en el momento del cese de estos trabajadores las precipitaciones habían sido mínimas, el porcentaje de humedad tanto ambiental como de vegetación era bajo y persistía -persiste a día de hoy- una sequía extrema que hacía que la biomasa vegetal pudiese arder con suma facilidad. Además, había temperaturas altas diurnas y bajas en horas nocturnas, acompañadas de heladas que hacen que se reseque más la vegetación, incrementando el riesgo de incendio.
Al respecto, indican que una prueba de que el peligro persistía es que la administración mantuvo hasta esta semana la prohibición expresa de realizar quemas de restos agrícolas o forestales.
La asociación insiste en que en la actualiad hay, en general, una desestacionalización del riesgo de incendios, ya que arde en cualquier época del año y no sólo en el verano (en 2017, por ejemplo, los peores meses fueron abril y octubre) y considera que la Administración debe cambiar su estrategia para hacer frente a una nueva tipología de grandes incendios forestales: explosivos, simultáneos y concentrados en una zona geográfica -que colapsan los sistemas de extinción y de emergencias-.
En opinión de estos profesionales, se debería dar prioridad a las políticas preventivas que disminuyan los riesgos y minimizen las pérdidas ocasionadas por incendios que resultan devastadores con cientos o miles de hectáreas calcinadas.
Además, añaden que ese personal de tres meses se va al paro sin derecho a optar a un subsidio por su "contrato temporal y precario" que los mantiene "condenados a trabajar sólo tres meses al año" mientrsa sí hay empresas como Seaga y Tragsa que este año están incorporando personal para participar en las labores de recuperación forestal de las zonas arrasadas por los incendios.