En apenas 24 horas la Audiencia Nacional despejará las incógnitas que se ciernen sobre la fábrica de Ence en Pontevedra. O bien avala la prórroga que le concedió el Gobierno de Mariano Rajoy para seguir ocupando terrenos de Costas o bien estima los recursos presentados por el Concello y dos colectivos ecologistas.
Sobre la mesa, dos fechas. 2073, si considera que dicho permiso fue otorgado de manera legal -el Ejecutivo del PP estaba ya en funciones-; o cuarenta años menos, el 2033, si coincide con la tesis defendida por los opositores a que la factoría pastera continúe en la ría de Pontevedra.
No podría continuar más allá porque se cumpliría el máximo legal de 75 años -la concesión inicial data de 1958- para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre, como fijan la Ley de Patrimonio y la Ley del Cambio Climático, aprobada recientemente en España.
Será este martes 22 de junio cuando el tribunal se reúna para fallar sobre los recursos presentados tras la concesión de la prórroga a Ence para mantener su actividad en Pontevedra durante 60 años, a contar desde la solicitud realizada por la empresa en 2013.
Sea cual sea la decisión de la Audiencia Nacional, la batalla legal que se avecina será larga.
Ambas partes, la empresa y el Concello de Pontevedra, han adelantado que si la resolución es contraria a sus intereses recurrirán a las instancias que sean necesarias, lo que en la práctica supondrá alargar este conflicto judicial durante años.
Esta última contienda judicial, que se antoja definitiva para los intereses empresariales de Ence en Pontevedra, tiene su origen en la decisión adoptada por el Gobierno de Rajoy de modificar la Ley de Costas para permitir la continuidad de esta fábrica en la ensenada de Pontevedra, que tenía una fecha de caducidad que parecía asumida por todos, el año 2018.
Tras ese trámite, el ejecutivo del PP, partido que siempre se ha mostrado partidario de la continuidad de Ence en Pontevedra -salvo un periodo allá por el año 2009 en el que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, mostraba su "compromiso firme" por el traslado de la fábrica-, prorrogó en enero de 2016 la concesión de la factoría durante 60 años más.
A cambio de seguir ocupando terreno público de Costas hasta 2073, la compañía se comprometía, entre otras cosas, a ejecutar un plan de mejoras medioambientales para optimizar el funcionamiento de su complejo industrial.
Ence aseguraba entonces que la prórroga permitiría mantener más de 800 empleos en Pontevedra y hasta 5.000 en toda Galicia que dependen del funcionamiento de esta planta. Además, con el beneplácito de la Xunta, prometió invertir unos 400 millones, ahora paralizados, reconoce la empresa, por la "inseguridad jurídica" en la que se encuentra.
Los recursos a esta decisión no tardaron en llegar. Lo hicieron desde el Concello de Pontevedra, gobernado entonces en solitario por el BNG -aunque ejecutivos anteriores y posteriores en coalición con el PSOE mostraron el mismo rechazo- y desde dos colectivos ecologistas, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra (APDR).
Entre sus argumentos, muy similares entre sí, que el Gobierno se extralimitara en sus competencias, al aprobar la prórroga estando ya en funciones, o que se habían cometido multitud de defectos administrativos en su tramitación.
Además, denunciaban que se incumplía la Ley de Costas, que la prórroga iría en contra de las directivas europeas de libre competencia y, sobre todo, que esta autorización para una fábrica "nociva y contaminante" obstaculizaba la recuperación ambiental de la ría pontevedresa.
Ante el silencio administrativo del Ministerio de Medio Ambiente a estas alegaciones, los contrarios a la continuidad de Ence en su actual emplazamiento presentaron un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que es el que se fallará ahora.
Pero otra decisión, ya adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, agitó el tablero de juego. En marzo de 2019, la Abogacía del Estado decidió allanarse en la causa abierta contra la prórroga de Ence y no defender en los tribunales la legalidad de la concesión, suplicando a la Audiencia Nacional que dictase sentencia de conformidad con los recursos presentados.
Ahora, con el litigio próximo a su relación, los tribunales no han sido el único ámbito en donde, a lo largo de los últimos meses, se ha discutido sobre el futuro de la fábrica de celulosa de Pontevedra. Administraciones, empresa y trabajadores decidieron explorar la vía negociadora.
Por el momento, eso sí, sin más resultado que el haberse sentado en la misma mesa, en una reunión en la que el Ministerio para la Transición Ecológica actuó como anfitrión.
El Gobierno insiste que la concesión de Ence expirará en 2033 y la empresa ha aceptado por primera vez hablar de un posible traslado, aunque advierte que "no es viable" cambiar de ubicación su fábrica de Pontevedra ni técnica ni económicamente.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamó entonces diálogo a la Xunta de Galicia y a Ence para "proteger el empleo" de la pastera y buscar posibles emplazamientos alternativos, pero de eso -hace dos meses- nada más se supo.
Todo apunta a que unos y otros han optado por esperar a la resolución de la Audiencia Nacional que, en cuestión de días, volverá a cambiar el panorama en el que se mueven todos los actores de este conflicto político-empresarial. Quizá, para siempre.