El sindicato Alternativa na Xustiza-CUT denuncia que en la fase 2 de la desescalada, la Xunta de Galicia pone en peligro la integridad de los trabajadores de la Administración de Justicia y de los ciudadanos, ya que el aumento del número de trabajadores (60- 70%) no está acorde con las medidas por la Xunta para mantener la distancia interpersonal de dos metros.
Esta situación afecta a los juzgados de Pontevedra, donde este sindicato considera que la existencia de tres sedes judiciales permite la reubicación de los trabajadores en otras oficinas garantizando la distancia de separación interpersonal, sin descartar por supuesto la entrega de EPIs a todos los trabajadores, lo que permitiría "de facto" recuperar la normalidad en la administración de Justicia y que los trabajadores habían hecho su jornada laboral completa.
Esta reubicación "agilizaría la Justicia en Pontevedra considerablemente", pero el sindicato critica que "sin embargo, la Xunta ni siquiera considera esta opción".
Alternativa na Xustiza-CUT critica que mientras en otras comunidades autónomas se consensuan las medidas preventivas de cara a la COVID-19 con los representantes de los trabajadores, la Xunta "ya está actuando bajo un 'ordeno y mando' más propio de otras épocas, y que permite vislumbrar el futuro que nos espera".
Desde Alternativas na Xustiza-CUT avisan de los riesgos que supondría una desescalada sin medidas idóneas de prevención y aportan posibles soluciones como la colocación de mamparas entre puestos de trabajo y en las mesas ya que son muchos juzgados gallegos los que no tienen mostrador y los ciudadanos que acuden al juzgado acceden a su interior, pues ya saben quén lleva su asunto, pasando por delante de las mesas. También piden medidas de limpieza efectivas y permanentes que impidan cualquier posible riesgo de contagio.
Este sindicato critica también que la Xunta "no tiene voluntad de negociación" con las organización sindicales y toma las decisión "unilateralmente" y que a día de hoy, (la diferencia de otras comunidades autónomas) "ni están (ni se esperan) las famosas mamparas de metacrilato o policarbonato prometidas en la reunión de 14 de abril "; y que permitirían disminuir el contagio en sedes judiciales donde los trabajadores están demasiado próximos unos a los otros.
Añaden que la Xunta incumple el deber de cambiar la mascarilla cada 4 horas, que es la duración de las mascarillas quirúrgicas, al facilitar tan sólo una por trabajador y día y demandan que se entreguen dos por día y trabajador, y también cuestionan que el reparto de gel hidroalcohólico es insuficiente.