De la noche a la manaña. Así de rápido ha cambiado la relación de aparente cordialidad entre los afectados por las preferentes y el Concello de Sanxenxo después de tres meses de encierro en las dependencias municipales.
La suspensión del pleno y el posterior desalojo por parte de la Policía Local, ejecutado minutos después de las 7:30 de la mañana de este martes, ha encedido los ánimos de un colectivo que lleva 15 meses de protestas, como reconoce Rosana Balboa, portavoz de la plataforma de O Salnés, "nos pusieron en una situación muy tensa porque hasta ahora habíamos tenido un comportamiento ejemplar y ellos con nosotros, no hemos protestado nunca, ni gritado ni roto nada y creo que no nos merecíamos ese trato. No merecemos ser tratados como delincuentes".
Inmediantamente después del desalojo desde el Concello se ordenó limpiar el salón de plenos y recoger sus pertenencias, siendo depositadas en bolsas de basura. Esos objetos personales, según la alcaldesa, se podrán recuperar tan pronto sean solicitados por los propietarios.
Catalina González ha justificado el cambio de actitud hacia el encierro en lo ocurrido en el pleno municipal, "el acuerdo era que estaban con toda comodidad siempre y cuando no se impidiera el normal funcionamiento del trabajo municipal y eso ha cambiado, ya el domingo hubo una reunión con los grupos de la oposición y al ver que se habían suspendido plenos en otros concellos decidimos controlar el acceso para que no se superara el aforo permitido. Era imposible que entrase todo el mundo y ahí empezaron las protestas y los insultos. Yo tengo que decir que a partir de ese momento el grupo de gobierno tomó la decisión de suspender el pleno y automáticamente de desalojar el salón".
La regidora asegura seguir apoyando a los afectados pero se reafirma en la decisión de controlar el acceso al edificio municipal de manera indefinida, "el control de acceso va a durar lo que sea necesario, lo que no vamos a permitir es que vuelvan a entrar para volver a encerrarse en las dependencias municipales. Tuve que aguantar en el pleno que dijeran que estaban sitiados, los que estábamos sitiados éramos los del gobierno porque si dejásemos entrar a 300 personas en el salón de plenos a ver cómo salíamos de allí".
Por su parte la oposición ha criticado duramente los últimos acontecimientos, pidiendo la dimisión de la alcaldesa y del concelleiro de Seguridade, Salvador Durán por "provocar unha situación violenta que era innecesaria" según apunta el nacionalista David Otero, "primeiro os desaloxan e depois sacan todas as súa pertenencias tratándoos coma si foran cans. Esto é algo inadmisible, só pasa nun reximen dictatorial". En el Partido Socialista, José Buezas ha querido incidir en lo que entiende como desproporcionado dispotivo policial, "todo é provocado para despois culpar as persoas maiores e xubilados e tratalos como si fosen terroristas. Ver aos policías a empuxóns e con cascos antidisturbios é vergoñante".
Los afectados aseguran que seguirán manifestándose los próximos días a las puertas del Concello.