La Deputación de Pontevedra va a actuar "con contundencia" en el calmado de tráfico en las carreteras de su titularidad para mejorar la seguridad vial en la provincia. Y lo hará "seguindo o referente do Concello de Pontevedra", según el diputado responsable en materia de Movilidad, Uxío Benítez.
Así lo ha señalado tras dar cuenta de la alegación que ha presentado el gobierno provincial a la ordenanza de circulación que quiere modificar la oposición en Pontevedra para regular la instalación de estos elementos reductores de velocidad, adaptándolos a las características técnicas marcadas por el Ministerio de Fomento para sus carreteras.
En esta alegación, avalada por un informe técnico de 50 páginas, se explican los argumentos por los que se debe anular la modificación de esta ordenanza. "Agardemos que se estude con rigor, porque non é unha alegación política, é unha alegación técnica baseada en datos de organismos internacionais", ha explicado el diputado del BNG.
Según manifestó, la normativa estatal "non ten nada que ver coas realidades dos ámbitos urbanos e os núcleos da provincia", por lo que el gobierno provincial entiende que la modificación de estos elementos reductores de velocidad supone una "alteración esencial" de un modelo de movilidad y de unos criterios "que compartimos e que queremos desenvolver".
La Deputación asegura que en la modificación que se quiere aprobar no se incluye memoria económica alguna -toda vez que se pide la eliminación de todos los lombos que no se ajusten a dicha normativa- y que cuenta con informes técnicos desfavorables, entre otros, del ingeniero municipal, del intendente de la Policía Local o del propio secretario del Pleno.
Benítez señaló que la nueva Deputación apostó por un cambio en el modelo de movilidad priorizando la defensa de las personas frente a los coches y a su seguridad vial.
La aceptación de esa "alteración do modelo" de Pontevedra al modificar los pasos de peatones elevados tendría un alcance de grandes dimensiones "tanto para Pontevedra como para todo o movemento universal para acadar cidades máis amables, máis seguras, máis accesibles, más humanas, máis ecolóxicas, máis á medida dos nenos e nenas e máis de futuro".
Por ello, el diputado avanzó que la Deputación seguirá aplicando políticas de disminución de velocidad en las vías provinciales mediante la instalación de zonas 30, pasos de peatones elevados u otros reductores de velocidad, siempre diseñados en función de las características propias y el entorno de la vía "como nos piden os alcaldes, que os solicitan porque os piden os veciños".
ATAQUE A LA LINEA DE FLOTACIÓN DE LA DEPUTACIÓN
Por su parte, el vicepresidente provincial, César Mosquera, indicó también que la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza podría suponer revisar todos los proyectos en redacción o tramitación en la institución provincial para los que no hay acto administrativo firme de apertura de licitación, "co mal uso e despilfarro de recursos humanos e económicos públicos".
Asimismo, destacó que hay proyectos de la Diputación que están en ejecución -como la mejora de la carretera entre A Ruibal y Marcón, la ronda este, el puente sobre el Río Rons- que incluyen los dispositivos de reducción de velocidad criticados por las fuerzas de la oposición del Concello de Pontevedra. "Resulta que a Deputación ten que rematar a obra, transfire esas vías ao Concello e logo o Concello ten que levantalas? Iso é unha barbaridade", subrayó.
Mosquera, al igual que Benítez, recordó que la modificación de la ordenanza municipal de Pontevedra supone un "ataque á liña de flotación da Deputación", tanto por no respetar los principios de la ordenanza de seguridad vial provincial del 2013 como por "dinamitar" los criterios de movilidad que se están aplicando en la red de carreteras provinciales. "Que iso saíse adiante sería unha volta atrás", sentenció el nacionalista.