La Policía Local de Pontevedra ha denunciado a un taxista con licencia de actividad en otro municipio por realizar servicios íntegros en Pontevedra. Y no sólo eso, acabó también denunciado por estafa tras exigir un pago desproporcionado por uno de los viajes que realizó irregularmente en la ciudad.
Los agentes actuaron tras el aviso de la asociación provincial de taxistas. Tras realizar los controles pertinentes sobre este profesional, acabaron denunciándole en dos ocasiones.
La primera vez fue sorprendido, pasadas las dos y media de la madrugada, realizando un servicio íntegramente en el término municipal de Pontevedra careciendo de licencia de actividad.
Eso es algo que está expresamente prohibido por la ley, recuerda la Policía Local, que obliga a que, o bien el inicio o bien el final de la carrera, debe tener origen o destino en el término municipal que expidió la licencia que ampara la actividad.
En este caso recogió al cliente en la calle María Victoria Moreno y pretendía dejarlo en la discoteca La Luna, en la parroquia de Cerponzóns, cuando fue sorprendido por los agentes.
Días después fue denunciado de nuevo, a las tres de la madrugada, cuando recogió a dos pasajeras en la avenida de Buenos Aires para dejarlas en Juan Bautista Andrade y Monte Porreiro, respectivamente.
Con respecto a este viaje, una de las clientas presentó una denuncia contra él por un presunto delito de estafa. Aseguraba que la había recogido a ella y a una amiga en las inmediaciones de la plaza de abastos y había dejado a una en la calle Juan Bautista Andrade y a otra en Monte Porreiro.
Le cobró por la carrera 45 euros, alegando que procedía de otro ayuntamiento porque en Pontevedra no había taxis disponibles.
Después de tener lugar el preceptivo juicio oral, un juzgado de Pontevedra condenó al taxista en primera instancia por un delito leve de estafa a pena de multa y a indemnizar a la víctima con las cantidades indebidamente cobradas y por los perjuicios causados.
Por su parte, las denuncias administrativas fueron remitidas al servicio competente del Concello de Pontevedra para la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores, que puede derivar en sendas multas que oscilan entre los 2.001 y 6.000 euros.