Alrededor de un centenar de personas se concentraron este viernes frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, para reivindicar el anticipo en la edad de jubilación a 60 años de policías locales y autonómicos. Comisiones Obreras, UGT y el CSIF reclaman equiparar su situación a la de las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Guardia Civil ya dispone de un sistema de reserva, la Policía Nacional tiene actividad con o sin destino y la Ertzaintza cuenta con un sistema de jubilación por la Seguridad Social. Antonio Millares, representante de Comisiones Obreras, demanda que la situación de la Policía Local y Autonómica continúa parada. "Ahora mismo nos podemos encontrar a un policía local con 64 años patrullando en la calle".
Convocados por la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación de las Policías Locales, los tres sindicatos se han manifestado por una situación por la que, como dicen, llevan peleando más de una década. Lo que reivindican, dicen, es que lo establecido por el Gobierno "sea una realidad", y que "empiecen a mover la maquinaria" para dar salida al decreto aprobado en 2010, declaró Santiago Martínez, delegado del CSL.
El adelanto en la edad de jubilación repercutiría positivamente en la generación de puestos de trabajo, según apuntan. Martínez declaró que la ley de presupuestos debería permitir la oferta del mismo número de puestos para la Policía Nacional que la cifra de profesionales que se jubilan, "sin tener ningún tipo de problema burocrático".
Tras la celebración de la primera protesta del mes de marzo, proclaman que hasta el momento no ha habido ningún movimiento por solucionar este tema. Señalan al Ministerio de Hacienda como culpable de la paralización del conflicto, tras llevarse a cabo una serie de estudios que garantizaron el cumplimiento de todos los requisitos por parte de la Policía Local y Autonómica, con elementos correctores.
Destacan, además, que el adelanto de la edad de jubilación no supondrá ningún perjuicio para la caja de las pensiones, ya que "la sobre-cotización va a ser asumida por las propias empresas y por los policías", comentó Pergentino Martínez, representante de UGT. Se trata, según dicen, de lograr un equilibrio de condiciones entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una profesión que, según explican, conlleva una gran carga de estrés emocional, así como muchas otras enfermedades ligadas a su actividad.
El representante de la UGT manifestó que están dispuestos a llegar "a donde haga falta", por lograr sus objetivos. Indica que se trata de una movilización "de carácter nacional", dado que la concentración ha sido convocada simultáneamente en las 52 provincias, incluyendo las dos ciudades autónomas.
También se habló sobre las retribuciones a los cuerpos de seguridad del Estado, un tema en el que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya han conseguido avances. Antonio Millares comenta que, a pesar de que la negociación de los cuerpos locales es distinta al depender de cada ayuntamiento, a las administraciones locales no les quedará "más remedio" que acatar lo impuesto por el Gobierno central.