Visto para sentencia. Así dejó este miércoles el juez Julio César Diaz Casales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra, el juicio en el que se deberá determinar si el paso de las galerías Oliva hacia la calle Gutiérrez Mellado cerrado en enero de 2023 durante la demolición del edificio del 3 de la calle Gutiérrez Mellado y el 11 de la calle Michelena debe abrirse.
La demanda la presentó la familia Filgueira, propietaria de 14 bajos de números impares de las galerías Oliva 2, como una reclamación de posesión pidiendo que se restituya ese paso. Como parte demandada, está la sociedad Cubreiro, propiedad de la familia Corbal, dueña de la zona de las galerías pegada a Gutiérrez Mellado, ya derribada y cerrada, que considera que esa servidumbre de paso no debe mantenerse una vez que esa zona ya ha sido derribada y no existe actividad comercial.
El juicio deberá resolver una maraña jurídica y urbanística y se celebró finalmente tras dos suspensiones en abril y septiembre y por la sala de vistas pasaron 20 personas que relataron el uso de esta zona desde su creación en los años 60.Lee aquí sus testimonios.
La sesión la abrió Manuel Corbal, como representante de los demandados, que reconoció que "es público y notorio que la gente de Pontevedra pasaba por allí", pero matizó que "solo en horario comercial", pues, al cierre de los negocios, estaba cerrado por dos verjas, una en el acceso por la calle Oliva y otra por Gutiérrez Mellado.
Para la demolición del edificio se presentó un primer proyecto en el que se decía que existía una servidumbre de paso y que, durante las obras, se desplazaría a la izquierda. Luego, ya iniciado el derribo, se presentó un modificado en el que ya no se introduce esa servidumbre. El representante de los Corbal justificó que, cuando se hizo el primer proyecto, "todavía teníamos inquilinos" y por lo tanto, debían permitir que pasasen, pero el último se fue en diciembre de 2022, por eso se cerró en enero de 2023. El arquitecto responsable de la demolición también declaró más tarde en el juicio y ahondó en esa misma explicación.
"Cuando se van los inquilinos, no tenía sentido" esa servidumbre, explicó Corbal, que añadió durante su declaración que el Concello de Pontevedra "reiteradamente" les comunicó en todo momento que no existía ningún documento en el que figurase la existencia de esa servidumbre de paso, pero que se dejó el paso durante décadas porque "había una situación pacífica durante muchos años de que en horario comercial se pasaba por allí".
Además, explicó que los propietarios de la parte de las galerías próxima a la Oliva y ellos como responsables de la próxima a Gutiérrez Mellado no tenían "ninguna relación o comunicación para ponerse de acuerdo en nada", como demuestra que cada uno realizaba el mantenimiento de su parte y, cuando abrió un tramo nuevo de las galerías hacia la Oliva a ellos nadie se lo comunicó. Usa este argumento para hablar de galerías independientes que no deben dejar servidumbre de paso a la otra parte.
En el solar del edificio derribado estaba sobre la mesa una operación por la que la multinacional textil Inditex preveía abrir una macrotienda, si bien se canceló en la últimas semanas. Manuel Corbal insistió en que "el tema se empezó a frustrar" en el momento en el que se presentó esta demanda. Al respecto, la abogada de la parte demandante, Alejandra Estévez, insistió en sus conclusiones finales en que esta demanda implica "unos perjuicios muy contundentes"
Por la parte demandante, Astrid Filgueira, propietaria de un tercio de la mitad indivisa de las galerías, contradice a Corbal al asegurar que sí había esa relación entre las dos partes de las galerías y que, de hecho, incluso había una única llave para cerrar las verjas de ambos lados, que se instalaron en el año 2005 a petición de los comerciantes por problemas de vandalismo. Esto lo confirmaron algunos comerciantes.
Filgueira reconoció que el Concello urbanísticamente contempla el pasillo comercial "como una calle privada", pero insiste en esa servidumbre de paso que se ha usado "ininterrumpidamente" hasta su cierre en 2023 y en que el Concello los consideraba como una unidad y en 2001 les envió una notificación unitaria a ambas partes instándoles al cambio de suelo.
Pese a que hay solo una parte demandante y una parte demandada, entra en escena una tercera parte como interesada. Se trata de Ramón Otero propietario de 14 locales en esa parte de Galerías 2, los números pares, que no reclama la reapertura del paso y asegura que el cierre no le perjudica.
Otero dio a conocer que negoció con Inditex para, en caso de que se abriese su tienda en ese edificio de entrada por Michelena, dejasen una puerta hacia las galerías, de forma que los clientes pudiesen salir hacia allí y lograr "una circulación mínima de 500.000 personas". En ese acuerdo figuraba que este propietaria se reservaba el derecho a cerrar ese acceso cuando no le interesase.
Este propietario impulsó, junto con la familia Filgueira, una 'due diligence’, auditoría a la que debe someterse cualquier empresa para conseguir inversores o cerrar una venta o fusión. En su caso, es un proyecto para presentar a futuros inversores para convertir ese edificio en 172 plazas de garaje, 32 viviendas y 1390 metros cuadrados de uso comercial. En el caso de reconocerse esta servidumbre de paso que se reclama en esta causa, frustraría esa operación.
El abogado demandante, Faustino Seoane, quiso concluir el juicio buscando "simplicidad" en un asunto de gran "complejidad" y señaló que "de lo que se trata este pleito es de si se venía ejerciendo ese paso. Si se venía pasando y cómo se venía pasando" y, en sala, "si se ha demostrado algo es que, para todo el mundo, era todo galerías Oliva, incluso para el propietario, que consintió el paso durante años" y luego se cortó ese paso "de forma ilegítima" y actuando "con cierta maquinación y alevosía".
La abogada demandada, Alejandra Estévez, señaló que comprenden el "lamento de la ciudadanía pontevedresa" por no poder usar el paso, pero que "no existe ni un solo documento" legal en el que se establezca que tiene una salida por Gutiérrez Mellado ni que exista esa servidumbre de paso. Es "un pasillo privado", insiste, "un paso de tolerancia comercial de libro".