Catorce recursos de casación se han interpuesto ante el Tribunal Supremo por parte de los comités de empresa, la dirección de Ence, empresas auxiliares, entidades del Puerto de Marín, la Autoridad Portuaria y tres empresas del sector forestal contra las dos primeras sentencias de la Audiencia Nacional que anulaban la prórroga concedida por el gobierno de Mariano Rajoy en 2016 a la entidad pastera para permanecer en Lourizán.
Queda también la tercera sentencia contraria a esa prórroga, presentada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), cuyo plazo para la presentación de recursos se cierra el 1 de diciembre y también está previsto que tanto la empresa como los comités presenten recurso de casación, al igual que otros agentes empresariales.
Ana Cedeira, presidenta del comité de empresa de oficinas centrales de Ence, y José Luis García Pedrosa, secretario de organización de Comisiones Obreras en Pontevedra, mostraban su malestar ante el calendario de desmantelamiento presentado por el Gobierno central para la fábrica cuando la sentencia todavía no es firme. "Es una irresponsabilidad" afirmaba Cedeira mientras Pedrosa calificaba esta acción como una "auténtica aberración. Se pasan tres pueblos".
En esta misma línea, Ana Cedeira indicó que la última mesa de diálogo sobre Ence se centró únicamente en el traslado y no se estudiaron propuestas de futuro alegando que Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, desautorizó el informe del Consello Consultivo solicitado por la Xunta antes de que se hiciera público. Y alertó de que parte del comité de empresa de la fábrica le ofreció "colaboración activa" en sus planteamientos sobre el traslado.
Ante esta situación, desde Comisiones Obreras piden la recusación de Hugo Morán al considerar que no es un interlocutor válido. Entienden que el representante gubernamental puede estar impulsando un traslado de la fábrica de Pontevedra para cerrarla finalmente y que se amplíe la factoría de Ence en Navia. Una acción que consideran un "perjuicio para Galicia y un beneficio para Asturias", recordando que Morán es natural de la parroquia asturiana de Campomanes.
Cedeira anunció que enviarán un escrito a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitando que sea directamente ella quien participe en estas negociaciones. Además, demandan que el Ministerio solicite un informe del Consejo de Estado sobre la adscripción de los terrenos que ocupa Ence al Puerto de Marín. "No nos vale otro informe que se realice bajo los intereses del Gobierno", señalaba la representante sindical.
José Luis García Pedrosa calificó de "auténtica extorsión" al entender que se está utilizando toda la fuerza del aparato del Estado por parte del Ministerio y del Concello de Pontevedra para trasladar Ence y destruir empleo sin presentar una alternativa concreta.
También se refirió al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al no coincidir con las declaraciones que efectuó tras el encuentro con Teresa Ribera. "Non nos sirve que Ence se quede en Galicia, só en Lourizán", aseveró el secretario de organización de Comisiones Obreras en Pontevedra.
Anunció que continuarán con pequeños actos de protesta pero que aplazan hasta el 2022 la gran manifestación que están organizando al atender a la posibilidad de que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre la admisión de los recursos hasta el próximo mes de julio. "Facer unha mobilización nestas datas sería un pouco precipitada", añadió.
ARGUMENTOS DE PESO
El representante de Comisiones Obreras anunció que están convencidos de que hay "materia suficiente" en los recursos de casación presentados para que haya una sentencia del Tribunal Supremo que revoque la sentencia de la Audiencia Nacional. "Hai argumentos de peso", apunta García Pedrosa, que por el momento evitan desvelar porque "non queremos colaborar con quen ten unha posición contraria".
Sí reconoció que se trata tanto de cuestiones de forma como de fondo y que ya fueron presentadas ante la Audiencia Nacional y explicó que hay abogados, defensores de los recursos, que entienden que la interpretación de los magistrados de este tribunal realizada sobre la Ley de Costas no es correcta.