CC.OO. reclama a la Deputación que destine ayudas para las personas afectadas por los incendios

Pontevedra
23 de octubre 2017

El sindicato pide también que se incrementen a 6.000 los brigadistas en la provincia y que se dediquen al desbroce, limpieza y reforestación de los montes con otro tipo de política forestal

Dirigentes de Comisiones Obreras, con José Ramón Piñeiro en el centro PontevedraViva

Comisiones Obreras (CC.OO.) pide a la presidenta de la Deputación Provincial, Carmela Silva, que convoque con urgencia un pleno extraordinario para a través de transferencias de crédito de las partidas del presupuesto de 2017 o con cargo para el de 2018, si no hay capacidad en el actual, destinar dinero a fondo perdido para ayudar a las personas que se han visto afectadas por los incendios del fin de semana del 14 y 15 de octubre

Según apunta José Ramón Piñeiro, secretario comarcal de CC.OO., la Deputación Provincial tiene competencias en materia de incendios en aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes y citó a la Ley de Racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley de Régimen Local. "Sería inadmisible que a Deputación non estivera á altura", afirmó el máximo representante local del sindicato.

Desde CC.OO. también proponen que se multiplique por 6 el número de brigadistas encargados del mantenimiento de los montes a través de labores del desbroce, limpieza y reforestación. De esta forma serían 6.000 efectivos para la provincia. 

Piñeiro responsabiliza también a las comunidades de montes y reclama claridad en la ley para que se establezcan multas cuando no se cumpla. El sindicato exige que se mantengan los montes limpios y que se creen plantas de biomasa a las que se remitiría el material de desbroce de los montes comunitarios. Después, la administración pagaría a las comunidades por esa aportación para incentivar y responsabilizarles de la limpieza.

Además, el sindicato considera que deben habilitarse ayudas para las tareas de repoblación y reclama una nueva política forestal en la que deben implicarse las tres principales administraciones: Gobierno del Estado, Xunta de Galicia y Deputación Provincial. 

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