Llamada de atención de la Comisión Europea a España por sus concesiones en línea de costa que podría tener impacto en Pontevedra y en la concesión de Ence en Lourizán.
El Ejecutivo comunitario ha enviado a España un dictamen motivado alertando de que puede incumplir la directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE) en la adjudicación y prórroga de concesiones.
En este documento hecho público este lunes por Bruselas se recoge que concesiones en la costa por 75 años, como la concedida a la factoría de Ence en 2016 para su permanencia en Lourizán, "infringen" las directivas europeas.
El dictamen motivado es el segundo de los tres pasos del procedimiento de infracción. Ahora, España dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión Europea cuestiona la posibilidad que prevé España de adjudicar concesiones para construir locales permanentes (como restaurantes o piscifactorías) en el dominio público marítimo-terrestre simplemente mediante una solicitud previa seguida de una fase de información pública con plazo de veinte días.
Al respecto, recuerda que la directiva de servicios europea establece explícitamente la obligación de llevar a cabo un procedimiento de selección imparcial y transparente.
Además, la Comisión considera que prorrogar la duración de estas concesiones con arreglo a la legislación nacional, que en algunos casos es de hasta setenta y cinco años, "infringe la misma disposición" en la medida en que supone un derecho preferente en favor de los operadores establecidos.
Para Bruselas, la normativa española restringe indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que obstaculiza el acceso a las concesiones por parte de operadores de otros Estados miembros.
Aunque el doucmento hecho público este lunes por la Comisión no cita específicamente a Ence, sí salpica a la pastera, con una prórroga de 60 años concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en enero de 2016.
Además, en 2023, tras incoar la Comisión el procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la Directiva de Servicios, la eurodiputada del BNG Ana Miranda elevó al Parlamento Europeo una pregunta que apuntaba de lleno hacia Ence.
Así, Miranda entendía que la concesión otorgada a la empresa papelera hasta 2073 incumplía esa directiva de servicios y no garantizó un procedimiento de selección transparente e imparcial para la concesión.