Bruselas lleva a España a los tribunales por el deficiente tratamiento de las aguas residuales en la Ría de Pontevedra

Pontevedra
26 de noviembre 2014

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la denuncia por el riesgo que plantea para la salud pública el tratamiento dado a las aguas residuales. Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado en aglomeraciones como el eje Pontevedra-Marín-Poio-Bueu

Vista aérea de la ría de Pontevedra
Vista aérea de la ría de Pontevedra /

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que denunciará a España ante los tribunales por no garantizar que las aguas residuales urbanas sean tratadas correctamente en diversas zonas de Galicia, Andalucía y Cataluña, entre ellas la Ría de Pontevedra. En concreto, por el riesgo que plantea para la salud pública el tratamiento dado.

Según el comunicado oficial remitido por la Comisión, los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado en aglomeracionesEn Galicia la única zona que apuntan es el eje Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, pero además incluyen en Cataluña Berga, Figueres o El Terri (Banyoles). En el caso de otras poblaciones (como Bollullos Par del Condado, en Andalucía, o Abrera y Capellades, en Cataluña), la Comisión considera que los datos facilitados son incompletos o muestran que no se cumplen todavía los niveles exigidos.

En la Unión Europea, los Estados miembros están obligados a disponer de sistemas de recogida y tratamiento adecuados dado que las aguas sin tratar plantean riesgos para la salud pública, las aguas interiores y el entorno marino, pero España está rezagada en la aplicación de la normativa.

España recibió ya en 2003 un primer aviso en relación con este caso, que afecta a zonas con una población equivalente de más de 10.000 habitantes. Aunque desde entonces se han solucionado algunos problemas, el lento ritmo de los avances ha llevado ahora a la Comisión, a recomendación del comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, a remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas exige que los Estados miembros velen por que las aglomeraciones (metrópolis y demás ciudades y poblaciones) recojan y traten de forma adecuada sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales sin tratar pueden estar contaminadas con bacterias y virus nocivos, y esto plantea un indudable riesgo para la salud pública. Dichas aguas, además, contienen nutrientes (como nitrógeno o fósforo) que pueden ser perjudiciales para el agua dulce y el entorno marino, favoreciendo un proceso de eutrofización, es decir, una proliferación de algas que puede causar la asfixia de otros organismos vivos.