El Pleno de la Corporación municipal de Pontevedra dio lugar este lunes a una situación poco habitual en los últimos años, un acuerdo de todos los partidos políticos para la nueva ordenanza de gestión de los residuos de competencia municipal.
El texto fue consensuado previamente por BNG, PP y PSOE y se aprobó en la sesión con los votos del PSOE y el BNG y la abstención del PP.
Supone aprobar un texto "pionero" que no existe en otras ciudades y que va a implicar la posibilidad de multar a los ciudadanos con hasta 3.000 euros.
Así, pueden sancionarse conductas como no separar de manera correcta el cartón, el vidrio, los envases o los residuos orgánicos o dejar los residuos en un contenedor distinto al determinado. Escupir o hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o dejar basura fuera de un contenedor lleno también serán objeto de sanción.
Este acuerdo de todas las fuerzas en la gestión de residuos no evitó que la gestión de la basura en la ciudad haya sido protagonista de una bronca política.
Mientras el concejal del BNG César Mosquera destacó que se trata de una ordenanza "sumamente importante y difícil" y "abre camino" para otros municipios, el edil del PSOE Manuel Fariña le recordó al Gobierno local que "esta ordenanza no habrá sentido ninguno si no tenemos un nuevo contrato de gestión de residuos".
En esta misma línea, el edil del PP Iago Acuña afeó que "lamentablemente sin un nuevo contrato de basura, no sería posible" y que esta ordenanza pudo hacerse en diez meses con el consenso de todos los grupos mientras que el contrato de la basura "lleva demasiadas prórrogas y demuestra día a día que es insuficiente".
Acuña insistió en que "Pontevedra es una ciudad sucia" y Mosquera criticó al PP su postura sobre el nuevo contrato por su "tergiversación mayúscula". Recordó que no es ilegal porque hay opciones de prórroga durante 50 años y que el contrato no salió adelante porque lo sacaron a licitación y no se presentó ninguna empresa, de manera que hay que replantearlo. Insistió en las "dificultades de ser pioneros y de abrir camino".
Esta discrepancia sobre la ordenanza subió de tono a la hora de abordar dos mociones del PP y del PSOE sobre el canon que el Concello paga a Sogama.
El portavoz del PP, Rafa Domínguez, responsabilizó al PSOE y al BNG de la subida y pide con su moción que no se traslade ese incremento al recibo que paga la población. "Es el propio PSOE el que genera el problema, pues es el Gobierno central el que sube los impuestos y luego, desde Pontevedra, le pide la Xunta que lo solucione", dijo sobre los socialistas, asegurando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tendría que subir los impuestos a pesar de ser por cumplir una normativa europea porque otros países no lo hacen.
A los nacionalistas les afeó que la adhesión a Sogama no es obligatoria y reprochó al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que el Concello lleve diez años pagando por el alquiler de los terrenos en la Canicouva para "hacer una mini Sogama allí" y no se ha hecho nada ni se va a hacer.
Frente a los gobiernos central y local, Dominguez presumió de que "la Xunta cumple" y va a asumir el 60% de la subida.
El portavoz del PSOE, Iván Puentes, calificó la intervención de Domínguez de "Trumpista" (en alusión al candidato a presidente de los Estados Unidos y ex presidente, Donald Trump) y de "mentira" e insistió en que es Sogama, organismo dependiente de la Xunta, la que sube el canon, no el Gobierno central, y lo que se recauda va para el Gobierno gallego.
Además de criticar la política de gestión de residuos de la Xunta, que "basan en quemar", aseguró que los únicos países de Europa que no cobran el impuesto citado son los del Este, recomendó a Domínguez que "si le quieren echar la culpa a alguien, que busque en su propia casa", pues la norma europea se aprobó con una líder del PP europeo al mando, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El concejal del BNG César Mosquera también recordó a Domínguez que la norma comunitaria se negoció por unanimidad en el Consejo de Europa en un momento en el que España estaba representada por el PP de Mariano Rajoy y también insistió en que hace seis años que se sabía que llegaría este impuesto, pero "parece que los únicos que no lo sabían eran la Xunta y Sogama".
Mosquera también quiso afear al PP que ahora presuma de subvencionar esa subida, cuando son ellos los que van a cobrar el dinero. "La Xunta va a dedicar lo que cobra por el canon a subvencionarlo".
Rafa Domínguez acusó a BNG y PSOE de "hipocresía" porque "uno sube los impuestos y el otro no es capaz de hacer una planta propia" y luego culpan a la Xunta y la respuesta no se dejó esperar por parte de Iván Puentes, que lo acusó de "no entender nada de lo que se le dijo" y de César Mosquera, que le recriminó que este tema "lo preparó muy poquito".
La moción del PP no se aprobó porque votaron en contra el BNG y el PSOE y la socialista sí, con los votos a favor de este grupo y de los nacionalistas y el voto en contra de los 'populares'.