El Consello Consultivo de Galicia ha dado la razón al Concello de Soutomaior en un litigio que mantenía con una empresa a la que el gobierno local anterior llevaba años comprando productos de limpieza.
Con la llegada del nuevo ejecutivo, que asumió el Gobierno las elecciones municipales de 2023, esta compañía reclamó el pago de tres facturas pendientes y, tras revisarlas, se negaron y decidieron devolver el material, iniciando un procedimiento de revisión de oficio del contrato que ha llegado al Consello Consultivo.
Ahora, el órgano autonómico les da la razón, al entender que los encargos fueron verbales, por productos que no se usaban y por un precio diez veces superior al valor de mercado. "Parece lo lógico que el Concello pretenda la restitución de unos productos adquiridos irregularmente, que ni precisa, ni se ajustan a precios de mercado", concluye.
Esta resolución del Consello Consultivo pone el foco Carlos Bas, como responsable de la agrupación de Protección Civil. En el Gobierno local anterior, del PP, era el edil encargado del servicio y también presidente de la agrupación, que ahora ha desaparecido y se presta de forma conjunta con el resto de municipios de Oitavén-Tea. Ahora, el Gobierno municipal está liderado por el BNG, de modo que no tiene responsabilidades, pero sí continúa en la corporación, como concejal del grupo del PP.
Este concejal fue la persona que encargó el material de limpieza que luego la empresa pidió cobrar. Según consta en la documentación consultada por este periódico, desde el año 2021 había trabajado con esa compañía, con sede en Madrid, encargándole compras ya pagadas por importe superior a 11.000 euros con facturas de similares características a las actuales.
Estas tres últimas facturas cuyo pago reclama la empresa suman un importe de 3.721,41 euros por tres bidones de 30 litros de cada uno de desengrasante concentrado y gel de baño concentrado.
Ni ese producto no pagado ni todo el anterior adquirido desde 2021 se ha utilizado. Hay 25 bidones de 30 litros de productos de limpieza, algunos de ellos ya caducados. Un informe de la asesoría jurídica y de la secretaría de Soutomaior indica que están "almacenados en una nave, sin haber sido usados, al no ser necesarios para el servicio que se presta".
La empresa reclamó el pago al Concello primero vía telefónica y en mayo de 2024 ya por registro de forma oficial. En ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico, detalla que "la persona que compraba los productos era D. Carlos Bas Barreiro, concejal, con capacidad tanto para comprar esta clase de mercancías como para decretar el pago de las mismas", de modo que es una compra válida.
En este caso, según la empresa, "contrató un suministro de geles de manos y desengrasantes (como otras veces), entregándose los productos de conformidad y, ahora el Ayuntamiento no puede considerar que dicho acto es nulo", sostiene la empresa, que pide el pago pese a que el Concello les comunicó que no pagarían y le devolvería toda la mercancía.
Del asunto figura un decreto de la Alcaldía acordando devolver los productos y un informe emitido por la secretaría y la asesoría jurídica del Concello de Soutomaior apoyando la revisión de oficio de las facturas. En ese documento se detalla "revisados los archivos municipales, no se encuentra procedimiento de contratación con la señalada empresa ni informe ni trámite alguno para la contratación de productos químicos o de limpieza en ningún servicio donde haya sido responsable el Sr. Carlos Bas Barreiro como concejal".
También la secretaría y la asesoría jurídica concluyen que "el precio medio de venta al público llega a ser casi una décima parte (1/10) del precio señalado en la factura" y que, "mientras que ambos productos tienen mismo precio unitario en las facturas presentadas, el valor de mercado no es similar, por lo que tampoco habría correlación porcentual entre precio medio y precio de la factura".
Estos departamentos municipales proponen iniciar un procedimiento para la revisión de oficio del contrato y concluyen que se contrató esos productos "sin haber seguido expediente de contratación alguno e infringiendo la prohibición de contratación verbal".
Además, se pidió al Consello Consultivo que emitiese un dictamen sobre el particular. En ese documento figuran las versiones de todas las partes y se concluye que "por unanimidad" de todos los miembros se informa favorablemente a la propuesta realizada por el Concello para la revisión de oficio y, por lo tanto, para no pagar las facturas y devolver el material a la empresa.