La Deputación de Pontevedra ha presentado su Agenda Urbana y Rural de la Provincia de Pontevedra (AUPO 2030) con el objetivo de facilitar la captación de fondos europeos para inversiones provinciales.
Las diputadas María Ramallo y Belén Cachafeiro han sido las responsables de elaborar esta hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones que se llevarán a cabo hasta 2030 para hacer del rural y las ciudades unos "ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados".
Se trata de un documento estratégico, un plan de acción a medio plazo, para mejorar la planificación del conjunto del territorio provincial, especialmente con los concellos de menos de 20.000 habitantes (por ser los que tienen menos medios y recursos), que suponen más del 80% del total de los 61 municipios que la integran.
El objetivo de la Deputación de Pontevedra es diseñar un modelo de desarrollo urbano y rural para ser una provincia "más sostenible, resiliente, inclusiva y segura".
La diputada de Cooperación Local, María Ramallo, explicó que AUPO 2030 "actuará como un paraguas" para que todos los concellos puedan beneficiarse de las "oportunidades de financiación europea, con un enfoque ambiental, sostenible económicamente e inclusivo socialmente".
Por su parte, Belén Cachafeiro, diputada de Fondos Europeos, Innovación y Agenda Digital, incidió en que la AUPO 2030 se construyó a través de un proceso participativo con mesas de trabajo territoriales, además de puntos de información a la ciudadanía y encuestas que dieron como resultado "un nuevo marco de gobernanza que asegura que todas las decisiones están consensuadas y tienen en cuenta las necesidades reales".
La Agenda está estructurada en seis dimensiones con un total de 38 líneas de acción que incluyen la mejora de los servicios e infraestructuras públicas, el fomento del emprendimiento o la gestión sostenible de los recursos naturales.
La AUPO 2030 se llevará al próximo Pleno y, una vez aprobada, será la guía para el conjunto de políticas urbanas en la Deputación que se utilizará en los planes, los proyectos o cambios normativos que resulten necesarios para alcanzar los objetivos propuestos que son: ordenar el territorio, fomentar la cohesión social y buscar la equidad, evitar la dispersión urbana y revitalizar las ciudades.
También se pretende impulsar y favorecer la economía, prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia, garantizar el acceso a la vivienda, hacer una gestión sostenible de los recursos y promover la economía circular, liderar y fomentar la innovación digital, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible y mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.