En medio de una pandemia en la que los cambios se suceden con tal rapidez que resulta imposible realizar planes incluso a corto plazo, un abogado pontevedrés tiene ya una cita para el 26 de abril del año 2022. Dentro de un año y medio, deberá presentarse en el nuevo edificio judicial de Pontevedra para abordar un asunto que, hasta que llegó la covid-19 y lo trastocó todo, debería haber sido prioritario y celebrarse en apenas unos meses: la solicitud de invalidez absoluta de su cliente.
Este cliente deberá esperar hasta 2020 para que un Juzgado de lo Social decida sobre su futuro, pero su caso no es, ni mucho menos, una excepción. Hasta cinco abogados pontevedreses con los que ha contactado PontevedraViva alertan de los retrasos ya insostenibles que acumulan los juzgados de lo Social de Pontevedra y las salas especializadas en cláusulas suelo que tratan desde Vigo asuntos de toda la provincia. Ambas jurisdicciones afectan a derechos fundamentales de la ciudadanía que se han visto muy afectados por la pandemia y acumulan las demoras más preocupantes de la Justicia pontevedresa.
En el caso de los juzgados de lo Social, el citado juicio fijado para abril de 2022 es una reclamación de invalidez absoluta en la que la demanda se presentó en junio y se admitió a trámite tres meses después para acabar señalándose para casi dos años después de su presentación.
El retraso es el más grave de los referidos por los abogados consultados por este periódico y afecta al Social número 1, el más colapsado, según coinciden todos los letrados, pero también en el número 2 hay demoras que eran impensables antes de la pandemia, pues, como ejemplo, baste el caso de un profesional que presentó una demanda en febrero de este año y tiene el juicio fijado para abril de 2021, esto es, 14 meses después.
Los ejemplos son incontables. Un abogado presentó dos procedimientos en junio por una demanda de incapacidad y tendrán el juicio en septiembre de 2021, "una barbaridad", y otro presentó una demanda por despido en julio y tendrá el juicio en diciembre, esto es, seis meses para un proceso que no solía demorarse más de mes y medio o "como mucho, en casos excepcionales", tres. Incluso hay uno que ha esperado desde antes del estado de alarma hasta octubre por una aclaración de sentencia que en circunstancias normales habría tardado un máximo de un mes.
En los procedimientos sumarios, esto es, despido y protección de derechos fundamentales, los letrados reportan plazos mínimos de dos o tres meses y máximos de 7 u 8, frente a los dos habituales, mientras que en otros como reclamaciones de cantidades se alargan más del año. En estos casos, lo mínimo en ambos juzgados es que el juicio se demore un año y que el retraso se acumule ya desde el inicio mismo del procedimiento, pues los jueces están tardando de media entre dos y tres meses en admitir a trámite una demanda, una situación que, tal y como coinciden los letrados, "es una mala noticia" para la ciudadanía en una jurisdicción de la que depende, por ejemplo, que una persona cobre un sueldo que le permita llegar a fin de mes.
La Abogacía reclama refuerzos en estos juzgados toda vez que ya antes de la pandemia acumulan importantes retrasos porque "nunca llegaron a recuperarse de la huelga de varios meses de los funcionarios", en alusión al parón de 114 días del año 2018, y ahora todo ha empeorado como consecuencia del cierre total de la actividad judicial durante el estado de alarma y porque en verano se prestó "un mal servicio al ciudadano".
"Estuvimos toda la pandemia sin resoluciones y en junio, julio y agosto no se trabajó casi nada", lamentan los letrados, que también cuestionan que en agosto se habilitaron 15 días dentro del año judicial -suele ser un mes no hábil en la justicia- y "no se movían papeles, no sirvió para nada". De hecho, hay casos de juicios por despidos que se suspendieron en abril por el estado de alarma, se aplazaron a septiembre y ahora ya están fijados para diciembre, cuando de forma habitual en dos meses habrían estado resueltos.
Además, alertan del posible "colapso del sistema judicial" una vez que empiecen el aluvión de demandas derivadas de los despidos derivados de la crisis económica post covid-19. Así, indican que "ya llevaban un retraso enorme" y ahora van a empeorar porque habrá un "aluvión" de casos fundamentalmente de dos cuestiones, reclamaciones de cantidades y despidos.
En este punto, alertan de que "nos están obligando a llegar a acuerdos en conciliaciones laborales, en muchos casos, malos acuerdos porque si vas a juicio, con estos plazos, tardas años en cobrar".
Si grave es la situación en los juzgados de lo Social, en las dos salas especializadas en cláusulas suelo los letrados hablan de situaciones "sangrantes". Un abogado relata que presentó procedimientos en julio que, en octubre, todavía no han admitido a trámite, tan sólo tienen el acuse de recibo de haber llegado al juzgado, pero no el decreto de admisión y otro calcula ya que los procedimientos que entren ahora tardarán dos años en resolverse.
Las salas están ya "colapsadas", alerta un abogado al que han tardado dos años en incoar un procedimiento por una reclamación de cláusulas suelo y que asegura que sus clientes ya están "desesperados".