Aunque el debate en torno a los crematorios monopolizó el pleno de la corporación municipal, en la sesión plenaria se aprobaron otros asuntos. Entre ellos, se desbloqueó al fin el abono de la paga extra a los funcionarios del Concello de Pontevedra. Los votos favorables de BNG y PSdeG-PSOE permitieron desestimar la única alegación presentada a la modificación de crédito con la que se abonará este complemento de productividad.
Según Raimundo González, edil de Facenda, se trata de una medida "xusta" y que potenciará la economía y el gobierno local. Explicó que los funcionarios han perdido en los dos últimos años, un 23 por ciento de su poder adquisitivo. Por ello solicitó al PP que, una vez pasada la cita electoral, "teña certa sensibilidade" y cambiase el sentido de su voto, recordando que el concello de Cangas, gobernado por los populares, aprobó una medida similar.
Por su parte, el edil socialista Agustín Fernández criticó que el PP usase uno de sus militantes para presentar esta alegación. "Forza hoxe unha nova votación para demostrar o poder e o control que ten sobre o seu grupo", ironizó en referencia a la división de los populares en el pleno anterior. "Non lle chegou o espectáculo e volve a repetir unha situación desagradable para min e os seus compañeiros".
Pero ni uno ni otro hizo cambiar la postura popular y votó en contra del pago de esta retribución. Jacobo Moreira explicó que la existencia de un informe municipal que advierte de un presunto fraude de ley en esta medida es más que suficiente para explicar su posicionamiento. Y acusó al gobierno local de "non ser solidarios con todos os cidadáns" y de "sangrarnos a impostos".
Este último comentario iba en referencia a la moción presentada por el PP y rechazada con los votos del gobierno bipartito. Denunciaban los populares que el Concello ha cobrado desde 2005, 6,9 millones de euros en tasas por un servicio que no presta, el de depuración de aguas residuales, solicitando rectificar esta "cuestionable" operación con la modificación de la ordenanza fiscal.
Además, el pleno respaldó, con los votos favorables de BNG y PSdeG-PSOE y el rechazo del PP, las alegaciones del Concello de Pontevedra al Plan Especial del Puerto de Marín, un documento que comenzó a redactarse tras la sentencia que anulaba el plan vigente del año 2000 e ilegalizaba parte de los rellenos realizados en los terrenos portuarios.
Según el gobierno local, este nuevo plan se limita a recoger lo que estaba aprobado hasta ahora "e non da seguridade xurídica ás empresas", dijo Antón Louro. El socialista criticó los "múltiples errores" en esta tramitación, algo en lo que coincidió el concejal nacionalista César Mosquera, que vaticinó que de aprobarse con su actual texto, que calificó como una "chapuza", se abriría la puerta a nuevos conflictos en los juzgados.
El PP respaldó la actuación de la Xunta de Galicia en esta materia, asegurando que "si hay algún defecto lo que hay que hacer es corregirlo cuanto antes", según el concejal Ricardo Aguilar, pero no rechazar un plan "necesario para que el Puerto deje de estar en unas circunstancias muy incómodas y molestas".