El Gobierno gallego podrá llegar a imponer multas de hasta 600.000 euros por incumplir las normas sanitarias, 60.000 euros por negarse a vacunarse en caso de que las autoridades sanitaras establezcan que es obligatorio. Así se contempla en la nueva Ley de Salud Pública aprobada este martes en el Parlamento de Galicia con los votos a favor del PP y la oposición de BNG y PSOE.
La nueva ley reforma un texto previo de 2008 para adaptarlo a la gestión de la pandemia actual de la covid-19 y dotar al Gobierno del marco legal adecuado para gestionar futuras crisis sanitarias y dar a la Xunta mecanismos adecuados para, por ejemplo, ordenar confinamientos domiciliarios u obligar a la población a vacunarse.
La entrada en vigor de esta nueva ley no implica la obligación de la vacunación, pero sí dota al Gobierno gallego de los mecanismos necesarios para establecer ese deber. En el supuesto de que se acordase obligar a vacunarse, la "negativa injustificada" sería, en principio, una infracción leve y, por lo tanto, sancionada con entre 1.000 y 3.000 euros, pero puede llegar a derivar en multas de hasta 60.000 euros "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población".
La nueva legislación es pionera a nivel estatal y, con motivo de su aprobación en el Parlamento, se convocó en el exterior del Pazo do Hórreo una manifestación de negacionistas del coronavirus y antivacunas. Con carteles como "la televisión es el virus", algunos sin mascarilla y otros con ella bajada, los negacionistas manifestaron su rechazo a lo que denominan la 'Ley Auschwitz'.
Frente a esa “algarabía" suscitada por la ley, la diputada del PP Encarna Amigo defendió que "cumple todas las garantías jurídicas". La nueva ley faculta a las autoridades sanitarias a adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento "cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población".
Con estas nueva norma en la mano, la Xunta podrá establecer limitaciones de horario de apertura o cierre de establecimientos, obligación del uso de la mascarilla o prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y podrá sancionar la "falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento" o de la "obligación de cuarentena" de forma "repetida o reiterada".
La nueva ley cuenta con el rechazo del BNG. La portavoz de sanidad hospitalaria del BNG, Iria Carreira, criticó que la reforma "non reforza o sistema sanitario", "enfoca a saúde pública como un problema de orde pública" y aprueba medidas que "limitan os dereitos da poboación e non obrigan ao goberno a render contas na Cámara galega".
Además, critica que la nueva norma no recoge ninguna medida para reforzar el sistema sanitario y pide mayor apoyo a la investigación, con la creación de un sistema público de investigación sanitaria, pues, "para curar pneumonías non precisamos multas, precisamos persoal que traballe no seu diagnóstico e tratamentos".
También el PSOE se opone al texto. El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Julio Torrado, alerta de que la ley impone un "Estado de Excepción permanente" y de que obligar a la vacunación es lo mismo que "resolver os problemas de tráfico prohibindo os coches". Llama la atención, además, sobre el peligro de que al reforma suponga un "paso máis firme para alentar ao negacionismo irredento, inxenuo e ignorante e en boa parte configurado por cretinos que poñen vidas en perigo".
Torrado demandó "ciencia, vacinas e persoal sanitario e non multas, sancións e ameazas" y acusó al PP de "aproveitar tempos de medo e incerteza" provocados por la pandemia para "instaurar un recorte permanente de dereitos".