El Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar de Barrameda tomó declaración este miércoles a varias personas como supuestos miembros de la mayor red de "narcotransportistas" del Estrecho. Entre ellos, había dos vecinos de la provincia de Pontevedra, que no declararon de forma presencial, sino a distancia desde los juzgados de Caldas de Reis y Cambados. Ambos fueron detenidos en la provincia.
En concreto, el Juzgado número 4 de Cambados y el número 2 de Caldas, ambos de guardia, pusieron los medios técnicos necesarios para que los detenidos pasasen a disposición, a través de videoconferencia, del Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar de Barrameda, que es el que dirige la investigación y el que decidió sobre su situación personal, según confirmaron fuentes judiciales.
Todos fueron detenidos en la Operación Grajuela, desarrollada el martes de forma conjunta entre la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria y Policía Judiciária de Portugal con el despliegue de 250 agentes.
En total, fueron detenidas diecinueve personas acusadas de formar parte de esta red que disponía de entre ocho y diez narcolanchas de forma permanente en el Estrecho para transportar hachís y cocaína por encargo de otras redes nacionales e internacionales.
Esta operación ha permitido desmantelar la infraestructura de la organización criminal que estaba tras las últimas aprehensiones de 4.000 kilos de hachís y 627 kilos de cocaína.
Los agentes han detenido a 31 personas en esta operación, pero 12 ya estaban en prisión antes del desarrollo de esta operación. En total, han realizado 24 registros domiciliarios, además de abortar hasta cuatro operaciones de la organización e intervenir tres armas cortas, 1.400.000 euros en efectivo, 19 vehículos de alta gama, sistemas de comunicación, material informático y dos narcolanchas en el país luso y otras tres embarcaciones en España.
El centro de operaciones estaba ubicado en una lujosa urbanización de Lisboa, desde donde un histórico narcotraficante huido de la justicia española dirigía y coordinaba todas las operaciones navales; también contaban con infraestructura y una amplia red de colaboradores en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, de donde eran originarios los cabecillas del entramado.
La organización disponía de una media de entre ocho y diez embarcaciones EAV (Embarcaciones de Alta Velocidad) que se encontraban en todo momento en el agua –con sus respectivas tripulaciones-, así como de una nutrida red de pequeñas embarcaciones que utilizaba para facilitar todo lo necesario (víveres, gasolina, etc) a las anteriores.
La investigación se inició en mayo del pasado año cuando los agentes detectaron que la organización criminal trató de recoger un cargamento de 6.000 kilos de cocaína de un narcosubmarino proveniente de Sudamérica. Sin embargo, los problemas mecánicos que sufrió la embarcación durante la travesía provocaron su hundimiento, hecho que frustró la acción criminal.
A partir de ese momento, las pesquisas policiales giraron en torno al funcionamiento de la estructura de la organización, acreditando que los líderes de la misma estaban asentados en las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y El Cuervo.
Dado el gran potencial económico de la organización, sus miembros contaban con férreas medidas de seguridad y autoprotección. En este sentido, disponían de los más avanzados medios para transmitir la información tanto a nivel individual como en las comunicaciones navales.