El Gobierno local de Ponte Caldelas expresa su "perplejidad" por la política de la Xunta de Galicia al respeto de los terrenos de la Central de Transportes, donde anuncia nuevas rebajas, "a pesar de que es imposible conceder licencias y, por tanto construir, con motivo del bloqueo a su desarrollo urbanístico".
El equipo de gobierno (PSdeG-PSOE, AVP y BNG) ya aprobó dos mociones y pidió numerosas veces a la Xunta de Galicia la aprobación de un reglamento "que es competencia autonómica exclusiva", al estar los terrenos afectados por un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. El borrador del reglamento fue redactado por la arquitecta municipal y presentado en el Registro de la Xunta en noviembre de 2016. Recoge todos los aspectos acordados en las conversaciones con los técnicos del Instituto Galego da Vivenda e Solo y Xestur.
"Pasados dos años y cuatro meses permanece en un cajón de Santiago, por una decisión política absolutamente inexplicable", dice el alcalde en un comunicado.
Ante el anuncio realizado en el Consello da Xunta del pasado jueves por el que se bonifica durante un mes con un 30% el precio de las 55 parcelas de la Central de Transportes, el Gobierno local caldelán reitera, una vez más, que sin ese reglamento urbanístico, que fija las alineaciones de las naves, fondos edificables, línea de los cierres y otros parámetros indispensables, está "atado de pies y manos" y resulta imposible tramitar o conceder licencias municipales.
"Estamos delante de una situación indignante que va mucho más allá de las lamentablemente habituales desavenencias entre Administraciones con signos políticos distintos", afirma el alcalde, Andrés Díaz. "Ya no sabemos ni que hacer porque ni siquiera pedimos que inviertan en nuestro Concello; tan sólo una mera formalidad administrativa con un papel ya redactado, que dejen de frenar la creación de puestos de trabajo en un suelo industrial público gallego".
La Central de Transportes, con sus 86.963 metros cuadrados, fue urbanizada en 2005 cómo seis grandes parcelas que no encontraron salida en el mercado, excepto una donde se construyó una gasolinera. En 2007, las cinco parcelas vacías fueron subdivididas por la Xunta en 55 pequeñas parcelas que van de los 143 a los 1.215 metros cuadrados.
Ahora, "una vez más", el Gobierno gallego anuncia rebajas de un 30% en este suelo industrial.
Unos precios muy competitivos, dado que oscilan entre los 6.544 y los 55.112,40 euros, pero que "de nada sirven ante la carencia de una planificación urbanística adaptada". "Si hubiesen aprobado el famoso reglamento, igual ni siquiera tenían que rebajar nada, porque interés empresarial lo hay", lamentan desde el Concello de Ponte Caldelas.