Ana María Ortiz es ya la tercera subdelegada del Gobierno en Pontevedra que deja el cargo con la misma 'espinita' clavada: no haber podido resolver el caso abierto por la desaparición de Sonia Iglesias el 18 de agosto de 2010 en Pontevedra. Asegura que tiene sensibilidad hacia todos los desaparecidos, pero reconoce que "quizás porque me ha tocado más cerca, el caso de Sonia es un poco especial" y le duele no haberlo resuelto.
Cuando desapareció Sonia era subdelegado Delfín Fernández y dejo el cargo asegurando que había tenido la confianza en que el trabajo de la Policía Nacional diese resultados y consiguiese resolver el caso. Tras él llegó Antonio Coello y se fue de la institución con el mismo deseo pendiente de cumplir. Ahora le toca a Ana María Ortiz, que este jueves se despidió de los medios de comunicación ante su inminente cese en el cargo.
"Personalmente, el caso de Sonia Iglesias me hubiera gustado, como a todos los que estamos aquí, que lo hubiéramos resuelto, por la familia, porque realmente siguen pasándolo muy mal", subrayó la todavía subdelegada, que recordó que el caso se ha reactivado, pero "de momento no hemos conseguido esclarecerlo como nos hubiera gustado".
En su despedida, Ana María Ortiz ha hecho balance del año y medio que ha estado al frente de la Subdelegación, un cargo en el que ha sido la primera mujer y en el que tuvo funciones de coordinación sobre 9.500 trabajadores de la Administración General del Estado en la provincia, de ellas 170 directamente en la Subdelegación y más de 2.500 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En ese tiempo ha habido una actividad en la provincia que deja cifras, cuando menos, sorprendentes, como el hecho de que se han tramitado autorizaciones para 2.457 concentraciones y manifestaciones y más de 10.600 sanciones. El número de protestas tramitadas es equivalente a los registrados en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense juntas.
En materia de violencia de género, se contabilizó en 2017 un crimen con una fallecida y hay actualmente en la provincia 957 casos activos, de los que el 51,7% están considerados con riesgo no apreciado, el 10% de riesgo medio, el 0,5% de riesgo algo y ninguno de riesgo extremo.
En esta materia, aumentaron las denuncias un 13,9% y las órdenes de protección en un 13,6%, situándose en 579. Aumentaron las denuncias por una mayor "sensibilización de la sociedad" con este tipo de casos.
En este año y medio que ha estado al frente de la Subdelegación, los tres momentos "más complicados a nivel personal". Tan solo 20 días después de llegar al cargo, en febrero de 2017, el crimen machista de María José Mateo en Redondela; meses más tardes, la oleada de incendios de octubre y las "24 horas espantosas" en las que el fuego arrasó la provincia, con especial incidencia en el sur; y recientemente la explosión de un almacén pirotécnico clandestino en Tui.
En los tres casos y, en general durante todo el tiempo que estuvo en el cargo, la subdelegada reconoce que "me sorprendió gratamente" el trabajo y la implicación de todo el personal de las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Pontevedra.