Una agresión sexual de un jefe a una subordinada llega a juicio once años después

O Salnés
02 de diciembre 2024

El fiscal califica los hechos como delito de agresión sexual y reconoce que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Pide para el acusado tres años de prisión

Sala de vistas de la Audiencia Provincial de Pontevedra Mónica Patxot

Más de once años ha tardado en llegar a juicio un caso de agresión sexual en el que una mujer denunció a un superior por haberla agredido en el supermercado en el que trabajaba. 

Los hechos llegarán a juicio el próximo martes 3 de diciembre en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y el retraso en la causa judicial ha reducido la condena máxima que podrá recibir el acusado. 

Así, el fiscal califica los hechos como delito de agresión sexual y reconoce que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas

Aplicando esa atenuante, pide para el acusado tres años de prisión, además de la medida de libertad vigilada durante un año y el pago de una indemnización a la víctima de 1.000 euros por daños morales. 

Los hechos que llegan a juicio sucedieron supuestamente el 26 de agosto de 2013. El acusado era jefe de turno en un supermercado de Vilagarcía de Arousa y la víctima, una subordinada

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, ese día, el acusado tuvo que entrar en una cámara frigorífica del supermercado para comprobar el estado de una mercancía, y "en su calidad de compañero y superior jerárquico" le pidió a la víctima que entrara con él.

Una vez dentro, según la Fiscalía, comenzó a insinuarse y hacer comentarios de índole sexual, se abalanzó sobre ella, la agarró, empujó y arrinconó con fuerza contra una estantería. Empezó ahí la agresión pese a que ella "intentaba soltarse y le insistía en que la dejara".

Usó, según el fiscal, "violencia para impedir que se moviera", hasta que entró en la cámara una compañera y todo terminó. 

En esta causa también están acusados el gerente y al responsable de recursos humanos del establecimiento porque no adoptaron "medidas inmediatas" ni cambiaron de turno a la víctima hasta un mes después, pero el fiscal cree que sus acciones no fueron delito y pide su absolución.