El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha informado de una nueva agresión a un funcionario de la prisión de A Lama por parte de un recluso.
El agresor es un interno "especialmente conflictivo" que cuenta con 16 sanciones de régimen disciplinario en los dos meses que lleva en el centro penitenciario.
Según explica el sindicato, este interno "demanda constante atención médica sin causa justificada" y en la tarde del viernes la agresión al trabajador se produjo "tras informar al recluso que su petición de consulta no podría ser atendida".
Ante esta negativa el recluso empezó a "gritar y amenazar o a los funcionarios", por lo que fue conducido a otra dependencia para aislarlo de otros presos, y es entonces cuando "intenta agredir con puñetazos y patadas a los cuatro funcionarios y funcionarias que se habían desplazado para sofocar el conflicto. Logra dar un puñetazo a uno, pero finalmente es esposado".
Continúa su relato TAMPM indicando que, pasados unos minutos, se presentó el jefe de servicio ordenando el traslado de este individuo al departamento de ingresos donde "sigue intentando dar patadas, amenazando de muerte y tirándose al suelo para impedir su traslado". Finalmente, lograron aislar al interno.
En el año 2024 se registraron un total de 504 agresiones a funcionarios de prisiones en España.
En su comunicación este sindicato reclama medidas para evitar este tipo de incidentes y emplaza a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias a "implementar las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a producirse", entre ellas completar el cuadro de personal de las prisiones.
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato afiliado a UGT, ha presentado una denuncia a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados donde acusa a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias de incumplir el Protocolo de actuación frente a agresiones.
TAMPM asegura que, tan solo menos de la mitad de los casos de agresiones, son reconocidos por la Secretaría, "no contemplan las lesiones que pueden sufrir los funcionarios al reducir a un interno, tampoco los forcejeos ni las amenazas de muerte".