Este martes 1 de marzo ha sido un "día histórico" para el Concello de Poio, tras firmarse el acuerdo de cesión demanial de la isla de Tambo con el Ministerio de Defensa, que permitirá a la administración local el uso social y turístico de este espacio emblemático en la ría de Pontevedra.
El alcalde de Poio, Luciano Sobral, además de remarcar el "fito" que este acuerdo supone en la historia del municipio, ha confesado que este es "un momento especialmente feliz" en los 26 años que lleva al frente del Concello y ha destacado el valor de este acuerdo institucional conseguido por vía del diálogo y la cooperación entre administraciones.
El subdelegado de Defensa, Miguel Cortés también se ha referido a la "vinculación afectiva" de Tambo con la ciudadanía del municipio y ha destacado que el Ministerio "siempre estará a vuestra disposición" para "seguir trabajando juntos" en los planes futuros para la isla "no es que se quite Defensa del medio, es que se abre al resto de la ciudadanía", ha afirmado.
Miguel Cortés ha destacado el empeño y el trabajo desarrollado por el concejal Gregorio Agís para poder llegar con éxito a este momento.
Igualmente, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha brindado el apoyo de la institución "agora todas as administracións temos que traballar da man para conseguir moitas cousas fermosas para esta illa"."Agora Tambo é nosa. Que gran día", dijo la presidenta emocionada.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha compartido con todos los presentes que él se siente un vecino más de Poio ya que lleva "cinco décadas" veraneando en este municipio.
Ha hecho hincapié en que la transferencia de la titularidad de la isla de Tambo al Ayuntamiento "abre unha nova etapa de oportunidades na que Poio vai incrementar aínda máis a súa xa enorme potencial turístico" al disponer de un nuevo espacio de gran valor ambiental, patrimonial y histórico "para uso e goce da veciñanza e visitantes".
En virtud del acuerdo firmado hoy Defensa cede al Concello la isla de Tambo por 25 años con posibilidad de prórroga por otros 75 servirá para ponerla en valor y favorecer la dinamización económica y turística con actuaciones siempre de carácter social, cultural, o ambiental, "impidiendo cualquier posibilidad de especulación urbanística".