Afectados por las preferentes toman las calles de Pontevedra y la Deputación

Pontevedra
11 de enero 2013

Una representación de perjudicados y alcaldes se reúnen con Rafael Louzán para solicitarle que el Pleno Provincial apruebe un acuerdo de apoyo a sus demandas. Entre sus peticiones destaca que se agilice el sistema arbitral y se reconozca su condición de ahorradores y no de inversores

Cientos de afectados por la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas llegados desde todos los puntos de la provincia tomaron este viernes las calles del centro de la ciudad, los alrededores de la Deputación y el interior de la sede provincial.

La protesta comenzó a las 10.00 horas con un recorrido por todas las calles de la ciudad, se detuvo a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y en el exterior del Pazo Provincial y acabó con una amplia representación de los manifestantes ocupando el Salón de Plenos y demandando una reunión con el presidente de la Deputación Provincial, Rafael Louzán. 

La concentración tuvo el respaldo de alcaldes de los distintos signos políticos, en especial del BNG y del PP y de las comarcas de Pontevedra y O Morrazo. Entre ellos, los regidores de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; Bueu, Luciano Sobral; Marín, María Ramallo; Cangas, José Enrique Sotelo; o Soutomaior, Agustín Reguera.

Manifestantes y regidores se reunieron con Rafael Louzán con intención de solicitarle que lleve para su debate y aprobación en el Pleno de la Deputación Provincial una serie de demandas, basadas en el principio de que no se aplique la Ley 9/2012 en lo que afecte a afectados de preferentes y subordinadas. Su intención es que las peticiones acaben elevándose a la Xunta de Galicia y el Gobierno estatal, también gobernados por el PP.

Entre sus peticiones destaca que no se aplique la quita a los afectados ni se cambie el dinero invertido por otros productos financieros, así como que se agilice el sistema arbitral y se reconozca a los perjudicados su condición de ahorradores y no de inversores. Esta última demanda implica que se reconozca la mala praxis de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia en la venta de estos productos.

Mientras en el interior de la Deputación se producía la reunión, alrededor de 300 afectados seguían concentrados a las puertas del Pazo Provincial solicitando con cantos que los responsables de la fusión de las dos cajas gallegas vayan a prisión y apuntando a la Xunta de Galicia como una de las instituciones responsables de la situación: "Ia, ia, ia, a Xunta xa o sabía", vitorearon mientras amenazaban con que a las 12.30 horas entrarían en la sede provincial.