La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto al policía local de Vilagarcía acusado de cohecho por pedir dinero a un conductor a cambio de no tramitar un atestado por alcoholemia. El tribunal acaba de dictar sentencia basándose en el veredicto emitido por el jurado que juzgó al agente y lo declaró "no culpable".
La propia Fiscalía, que empezó el juicio pidiendo para el acusado una condena a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación, ya admitió al término del mismo que "no tenemos pruebas directas" contra el acusado, Marcial D.F.. Tras el veredicto de no culpabilidad, retiró esa acusación y pidió la absolución del agente.
El hombre se sentó en el banquillo porque en la madrugada del 12 de septiembre de 2013 hizo con otro compañero una prueba de alcoholemia a un conductor que dio resultado positivo y la Fiscalía sostenía que, diez días después, se personó en su casa y se ofreció a no tramitar el expediente por el delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas a cambio del pago de 5.000 euros. Finalmente, le pagó 2.000 euros, y poco después denunció en la Comisaría.
La sentencia recién dictada concluye que, si bien se probó que sí le realizó las pruebas de alcoholemia a un conductor, no se acreditó que le solicitase dinero a cambio de no hacer llegar al juzgado el atestado por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
La Audiencia respalda el veredicto del jurado, que entendió que la prueba de cargo practicada fue “insuficiente para llegar a la condena del encausado". La acusación se tambaleó ya en la primera sesión del juicio, cuando el testigo principal del caso, un hombre que aseguró que pagó 2.000 euros al agente tras ese soborno, hizo gala de mala memoria y no recordaba absolutamente nada de los hechos que en su día había denunciado ante la Comisaría de la Policía Nacional.
La sentencia confirma que no hay pruebas contra el agente, fundamentalmente, porque el testimonio prestado por el conductor durante la investigación de este casp no se ha visto corroborado por otros datos objetivos ajenos a la propia declaración. Además, cuestionó la versión del testigo por la "actitud" que mostró en el juicio, "al reiterar de manera contumaz que no recordaba nada", ni siquiera haber interpuesto denuncia por soborno, ni haber entregado cantidad alguna de dinero por los problemas de depresión que padecía. Se trata de una amnesia selectiva que fue desmontada por la pericial médico forense.
Los jurados señalan que no existe prueba alguna que permita afirmar que el acusado se desplazase hasta el domicilio del acusado y tampoco prueba objetiva alguna relativa a la entrega de dinero por parte del testigo al agente.
El jurado, y la sentencia de la Audiencia, también consideran probado que la tramitación del procedimiento, desde su inicio en el año 2013 hasta su enjuiciamiento en 2021, "se ha prolongado injustificadamente por causas no atribuibles al acusado" y que esa "demora injustificada" en la terminación del procedimiento ha sido "especialmente importante".