La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará próximamente a un vecino de Vilagarcía acusado de un delito de violación a la hija discapacitada de su antigua empleada doméstica.
La Fiscalía reclama una condena de trece años y seis meses de prisión y otros diez años más de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse al domicilio en que resida la víctima, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por la misma, en una distancia no inferior a doscientos metros, así como de comunicación con la víctima.
Según relata el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron sobre la una de la tarde del 16 de mayo de 2017, cuando el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, coincidió en el centro médico con la joven, "a quien conocía por razones de vecindad y porque la madre de esta trabajó realizando labores domésticas en su casa".
Tras entablar conversación "se ofreció a llevarla en coche a su casa", ella accede pero, según la Fiscalía "en vez de cumplir con su ofrecimiento inicial, y con la finalidad de satisfacer su apetito sexual y de vulnerar la indemnidad sexual de la víctima, la llevó a su propio domicilio".
Fue allí donde la agredió. Este individuo paró cuando la joven le advirtió de que le estaba haciendo daño y desistió de sus actitud cuando la víctima le recordó que "si tardaba, su madre se iba a enterar", momento en el que la dejó marcharse y le dijo "vámonos, que tú tienes más que perder que yo, no quiero que se enteren tus padres", según relata el escrito de calificación.
La Fiscalía señala que "el acusado era conocedor" de que la joven padece "un trastorno mixto de la personalidad que afecta de modo importante a su conducta y la limita a la hora de realizar una correcta valoración de las situaciones sociales y de valoración de los riesgos" y añade que "como consecuencia de los hechos la joven sufrió una importante ansiedad, pesadillas y miedo".
Por vía de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a la joven en la suma de diez mil euros en concepto de daño moral.