Viaje a viaje, 3,65 cada día de trabajo desde el 1 de enero -3,60 en el período anterior-, todo hasta sumar 1.212,90 en dos años. Este es el impacto para una economía familiar de utilizar la autopista AP-9 y cruzar el puente de Rande a diario para cumplir las obligaciones laborales. Son las cifras que se han cargado a la cuenta bancaria de una pontevedresa que trabaja en Chapela (Redondela) y sirven de ejemplo de la situación que podría reflejarse en el presupuesto de miles de vecinos de Pontevedra.
Tras el caótico funcionamiento de la autopista en los últimos meses y el anuncio de que la Fiscalía Provincial de Pontevedra tomará cartas en el asunto, estas cifras cobran actualidad y hacer el cálculo no es baladí. En su caso, la cuenta afecta al período entre el 24 de mayo de 2016 y este miércoles 23 de mayo de 2018.
La Fiscalía Provincial de Ponteveda ha comenzado a recabar la documentación necesaria de cara a valorar emprender una Acción Colectiva de Cesación, en la que podría solicitar la indemnización o restitución a los usuarios afectados de las cantidades que le han sido cobradas por usar ese tramo durante las obras. En el caso de prosperar dicha acción colectiva, exigiría conservar la documentación que acredite el uso de la autopista en ese período, de ahí que guardar los tickets del peaje o hacer estos cálculos cobre importancia.
Algunos vecinos de Pontevedra y las comarcas próximas como O Salnés o Umia incluso podrían ver sus bolsillos afectados por cuentas más elevadas que la de esta vecina, pero, en su caso, ya se ha molestado en hacer los cálculos. Fue idea de su marido, que también acude con regularidad a Vigo y podría añadir más dinero a esos 1.212,90 euros, si bien su trabajo le permite utilizar a menudo el tren y evitarse los atascos y el desembolso del peaje.
Tras leer la noticia de que la Fiscalía incoaba diligencias preprocesales de carácter civil de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, le dio por echar un vistazo al extracto bancario y a los cargos realizados en su Vía T. Constató que los cálculos habituales que hacía de "contar con que cada mes ya me llegan cargos por 50 o 60 euros" eran ciertos y que tan sólo desde que el mes de enero subió el peaje tras la inauguración de las obras de ampliación lleva acumulados cerca de 300 euros.
La cifra global de más de mil euros hizo crecer su indignación, que, de nuevo, sirve para reflejar los sentimientos que invaden a los miles de pontevedreses que desde hace meses sufren lo que la Fiscalía califica como "deficiente funcionamiento sostenido" en el tramo de la AP-9 en cuestión a raíz de las obras de ampliación de capacidad de la autopista. Se han dado días de atascos durante horas y de hasta una hora literalmente retenidos sin poder avanzar sobre el puente de Rande.
Su caso puede ser anecdótico en medio de miles de afectados diarios, pero no por ello pierde trascendencia, pues esta pontevedresa ha llegado a estar 50 minutos sin moverse ni un milímetro por los atascos en Rande y lo habitual es que cada día tenga retenciones medias de 15 minutos. "No es justo, eso incrementa su jornada de trabajo", insiste su marido, que por su formación en Ingeniería reconoce que la ampliación de Rande es "una obra de ingeniería espectacular", pero eso no lo quita que haberla ejecutado con el coste que ha supuesto "no tiene ningún sentido".
"¿Por qué haces una obra de ingeniería para nada? No tiene sentido", insiste. A lo que sí le ve "mucho sentido" es a la decisión de la Fiscalía, pues es "inasumible para los ciudadanos y usuarios de la autopista que se haya hecho esa pseudo inauguración para subir el peaje y que sigamos en obras". Inasumible a nivel económico y por el coste que tiene a nivel personal y laboral.
Esta pontevedresa, como le ocurre a todos los usuarios habituales de la AP-9 entre Pontevedra y Tui, "tiene que salir de cada 20 minutos antes cada día" y eso ni siquiera le garantiza llegar a tiempo al trabajo, pues incluso ha habido días en que, pese al madrugón, no ha podido llegar a su hora.
A la vista de tales circunstancias, reivindica que "deberían tomar medidas de compensación a todos los usuarios habituales". En el caso de este matrimonio pontevedrés no se ha planteado presentar una demanda individual, pero sí se unirían con gusto a una que se realizase a nivel colectivo como la que está valorando la Fiscalía.
A ellos y a los pontevedreses potenciales demandantes, cabe enviarles un aviso a navegantes. Esa medida supone conservar los tickets o relato de gastos desde el inicio de las obras de ampliación de Rande, que arrancaron el 27 de febrero de 2015, hace más de tres años. Las personas que tengan dispositivos de pago como Vía T o similares o los que paguen en cabina con tarjeta de crédito ya cuentan con sus registros bancarios, al resto les tocará ir recopilando tickets.