"Nuestro futuro estará condicionado a que España mantenga la seguridad jurídica, algo sobre lo que hoy tenemos serias dudas", así lo decía en el pasado mes de marzo el entonces consejero delegado de Ence, hoy presidente de este grupo empresarial, Ignacio Colmenares.
El Ministerio de Transición Ecológica está revisando la prórroga concedida en 2016 a la planta de celulosa en Pontevedra por el anterior gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. En particular, el Gobierno de Pedro Sánchez no defenderá la concesión por un plazo de 60 años y ha respaldado los recursos interpuestos por el Concello de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace
Al conocer la decisión la compañía pastera hacía saltar todas las alarmas.
El valor bursátil de Ence en el Ibex 35 entró en "caída libre" justo en el momento en que apareció la noticia y ahí sigue al cierre del año. Ence se encuentra ahora mismo en situación de incertidumbre total en torno a la situación de la planta de Pontevedra y el "impacto extraordinario" de su posible cierre. Algo que no gusta a los inversores lo que se ha reflejado al finalizar el año en una caída de un 50% en bolsa.
Si cierra la fábrica de Pontevedra "invertiríamos fuera de España, en un país que nos dé seguridad jurídica", anunció Ignacio Colmenares ante su junta de accionistas.
La reacción de los trabajadores de la fábrica de Lourizán no se hizo esperar. De la mano de la dirección de la empresa, Ence llenó de lazos verdes la comarca extendiendo sus movilizaciones fuera de la ciudad del Lérez llegando al Congreso de los diputados y a la sede del PSOE en Ferraz, incluso con una caravana de camiones, o en los mítines de Pedro Sánchez en Vigo.
La mayoría de las movilizaciones han tratado de visibilizar e gran impacto social que tendía el cierre del complejo industiral en toda Galicia. De ahí que fuesen actos multitudinarios, desde una manifestación a una fiesta.
También han salido en defensa de la continuidad de la fábrica todas las empresas auxiliares, la Autoridad Portuaria y la Xunta de Galicia, especialmente durante las campañas electorales que estuvieron marcadas por este tema, tanto las municipales como las nacionales. Por cierto que este año las solicitudes de ayudas del Plan Social superaron los 11 millones de euros, aunque su dotación es de tres millones.
Durante este tiempo la dirección de la fábrica de Lourizán presumió de la mejora en sus resultados ambientales mientras que el Partido Popular rechazaba en el Parlamento de Galicia la investigación que pedía el BNG sobre el uso de aceites industriales en la planta de la ría de Pontevedra, tal y como había denunciado la APDR.
En todo caso, la ciencia estima que Ence Pontevedra tiene fecha límite.La celulosa quedará a merced del mar dentro de 30 años, de acuerdo con un estudio realizado por Climate Central, una organización estadounidense que agrupa a numerosos científicos que investigan el cambio climático y sus efectos.