El de 2021 no ha sido un año bueno para Ence. Las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional, que anularon la prórroga concedida por el gobierno de Mariano Rajoy para que la fábrica continuara en Lourizán hasta 2073, han sumido a la pastera en una crisis sin precedentes.
Los magistrados atendieron los recursos presentados por el Concello, APDR y Greenpeace, decretando que la autorización recibida para seguir ocupando terrenos de Costas fue ilegal. Desde entonces, la inseguridad jurídica que rodea al complejo industrial ha sido constante.
Ahora, en el ámbito judicial, la pelota está en el Tribunal Supremo. Si atiende los recursos presentados ante el fallo de la Audiencia Nacional, Ence recibirá un balón de oxígeno. En caso contrario, el cierre podría ser inminente al carecer de título legal para mantener su actividad.
Ence sigue firme en su planteamiento. Defiende la legalidad de su proyecto industrial en Galicia y su cumplimiento de toda la normativa ambiental. Reiteran que, si no les dejan seguir produciendo en Pontevedra, se marchará de Galicia porque insisten en que su traslado no es viable.
Así lo han reiterado en la mesa de trabajo que, por primera vez, se ha convocado para abordar el futuro de la fábrica. Primero en Madrid, con Teresa Ribera -ministra de Transición Ecológica- y el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, a la cabeza; y después en Pontevedra.
El Estado subraya que quedarse en Lourizán, con la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, no es posible. Lo mismo sostiene el Concello de Pontevedra. Pero la Xunta comparte la visión de la empresa e insiste en que siga en su actual ubicación, adscribiendo sus terrenos al puerto.
Esta solución ha sido planteada por los propios trabajadores, que a lo largo de este año han protagonizado una intensa campaña de movilizaciones en la calle para defender sus empleos.
Desde una masiva manifestación por Pontevedra a cortes de tráfico ante la factoría, con quema de neumáticos incluida, reiteradas concentraciones, el intento de entrevista con Pedro Sánchez o el encierro en el Concello, que acabó con un 'escrache' al alcalde.
Por este último episodio, uno de los trabajadores de Ence en Pontevedra deberá responder ante la justicia.El fiscal solicita un año de cárcel por atentado contra la autoridad. Pero esta no ha sido la única causa -más allá de la prórroga- por la que le ha hablado de la pastera en los tribunales.
En un video interno, que fue filtrado a la opinión pública, Colmenares advertía sobre un posible "susto mayúsculo ambiental" por el estado de una de las calderas de la fábrica. Tanto el PSOE como APDR trataron sin éxito de imputar al presidente de Ence por un delito ambiental.
Eso sí, no ha impedido que la corporación de Pontevedra le nombrara 'persona non grata' en la ciudad.
Y en medio del debate sobre la posible adscripción de los terrenos de Lourizán al puerto, Ence fue protagonista de uno de los programas de Salvados, en laSexta, que amplificó a todo el Estado el conflicto existente en Pontevedra, del que, sin duda, seguiremos hablando en 2022.