En menos de medio año de este 2018 llegaron las mejores y las peores noticias en la investigación sobre la desaparición de Sonia Iglesias el 18 de agosto de 2010. El 20 de febrero amanecía con un amplio operativo policial desplegado en una casa propiedad de la familia de Julio Araújo -ex pareja de Sonia- en el barrio de San Mauro para buscar restos humanos y cualquier vínculo con la joven pontevedresa y a partir de ahí se supo que la causa judicial que habían archivado en 2015, en realidad, estaba reabierta desde mediados del año anterior, de 2017. La satisfacción de la familia no se hizo esperar, pero duró poco, pues en junio volvía a archivarse.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra había reabierto la causa a mediados de 2017 tras tener en su poder un informe policial con pistas que así lo recomendaban. Tras esa reapertura, se autorizaron diligencias de investigación que realizaron la Policía Nacional y la Fiscalía durante meses sin que saliesen a la luz, pues la causa estaba declarada secreta.
Ese secreto saltó por los aires en febrero, con ese vistoso registro realizado por una treintena de agentes entre efectivos de distintas unidades de la propia Comisaría de Pontevedra -de seguridad ciudadana y de la Policía Científica- y otros desplazados desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia y de la Comisaría General de la Policía Científica de Madrid. Fueron dos días de registro que permitieron recoger múltiples pruebas que se analizaron durante los meses siguientes, tanto in situ en el laboratorio policial móvil que estuvo durante dos días en San Mauro como posteriormente en la propia Comisaría pontevedresa y en dependencias policiales en Madrid.
El análisis de esas pruebas permitió localizar algún perfil genético en los restos recabados, pero el auto de archivo concluye que se trataba de perfiles indeterminados, que no llevaron a los investigadores a ningún sospechoso ni tampoco permitieron encontrar vestigios de que Sonia Iglesias estuviese en la vivienda.
La vivienda fue, durante una temporada, lugar de residencia de la propia Sonia, en los inicios de su relación con Julio Araújo, pues era de propiedad de la familia de él. Una hipótesis policial apunta a que la joven estuvo en ella tras su desaparición en agosto de 2010, pero este extremo no ha podido confirmarse a pesar del concienciudo registro realizado por los investigadores tanto en la casa como en la finca trasera y en un terreno que separa la construcción -ahora deshabitada y en venta- y la capilla de San Mauro.
En febrero, tras ese registro y otro realizado en un coche de un familiar del hermano de Julio, David Araújo, abandonado en un taller de Vilalonga (Sanxenxo), fueron citados a declarar en la Comisaría en calidad de investigados los hermanos Araújo. Tras esa declaración en sede policial no fueron llamados a declarar en el juzgado y no llegaron a estar investigados judicialmente.
Julio Araújo sí estuvo investigado judicialmente hasta el primer archivo de la causa en 2015, pero con el archivo dejó de estarlo. En esta nueva fase de las investigaciones, no llegaron a citarle en esta condicióny tan sólo fue sometido a un interrogatorio en la Comisaría. Tanto él como su hermano se acogieron a su derecho a no declarar.
A finales de junio la causa volvió a archivarse, de modo que no permaneció ni un año abierta. En todo caso, aunque las diligencias policiales y judiciales realizadas non han arrojado resultados que justifiquen mantener el proceso judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan trabajando en el caso, que es una espinita clavada en ambas instituciones.
En concreto, hay un equipo específico de dos personas dedicadas en exclusiva a este trabajo y reciben apoyo permanente desde el cuerpo policial en Madrid que sigue dando pasos. El pasado 20 de septiembre, de hecho, pese a estar la causa archivada, volvieron a realizar registros en dos pozos y una tumba, de nuevo, sin exito.