El 15 de febrero, toda Galicia se vistió de luto. El buque Villa de Pitanxo, con puerto base en Marín, naufragó a 450 kilómetros de Terranova (Canadá) y 21 de sus 24 tripulantes fallecieron. Tres sobrevivieron y aparecieron nueve cadáveres, si bien los otros 12 siguen en aguas canadienses.
Los tres supervivientes fueron el patrón del buque, Juan Padín; su sobrino, el marinero Eduardo Rial; y el joven natural de Senegal y residente en Marín Samuel Kwesi Koufie. Desde el pasado 12 de octubre, el Gobierno le concedió la nacionalidad española "por carta de naturaleza" en atención a las "circunstancias excepcionales que concurren" en él.
Sobrevivieron tras pasar cinco horas a la deriva y mientras veían parte de la tripulación no logró subir a las lanchas salvavidas y los que sí lo hicieron fueron muriendo. Samuel, de 34 años, era el único de los tres supervivientes que no llevaba traje de supervivencia.
Tras meses en los que varios juzgados se disputaron la competencia de investigar estos hechos, finalmente, la investigación se sigue en la Audiencia Nacional y el patrón, Juan Padín, está investigado su presunta responsabilidad en el hundimiento.
El buque con sede en Cangas Playa de Menduiña 2 les rescató y, tras regresar a España, la brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra abrió una investigación en la que el testimonio de Samuel resultó clave.
La versión oficial de la armadora, el capitán y su sobrino es que que el motor del buque se paró a las cuatro de la madrugada del 15 de febrero y que las condiciones meteorológicas existentes en ese momento determinaron la sucesiva entrada de agua por la aleta de babor ocasionando una cada vez mayor escora por babor. Según su versión, vista la situación, dio a la tripulación la orden de abandono del buque previa colocación del traje de supervivencia y el chaleco salvavidas. A las 4.24 horas hizo la llamada de emergencia.
La primera versión de Samuel coincidía. Sin embargo, cuando declaró ante la Guardia Civil dio una versión absolutamente distinta de los hechos, en la que indica que el motor no se paró sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora.
Según esta nueva versión, el resto de marineros Ie gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero este se negó y, ya con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor. Frente a lo que aseguró el patrón, en ningún momento dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban. Ninguno de los 9 cuerpos rescatados ni Samuel llevaban ese traje.
Samuel mantuvo esta versión ante el juez Ismael Moreno que instruye el caso en la Audiencia Nacional, donde relató que la tripulación gritó al capitán: "'¡Arria cable, arria cable, arria cable!'. Muchos marineros le gritaban ‘¡Cortad!' Y algunos le gritaron '¡Asesino, nos quiere matar, asesino!'", pero el capitán hizo oídos sordos. "No nos hizo caso", lamentó este marinero, que también sostiene que, tras el rescate, recibió presiones de la armadora y del patrón para adaptarse a la versión oficial.
Las familias de los fallecidos han luchado desde el primer minuto por conocer la verdad de lo ocurrido y por lograr que el Gobierno baje al pecio del Villa de Pitanxo para investigar el naufragio y recuperar los cuerpos de los marineros que siguen desaparecidos.
Desde un primer momento, lograron el apoyo de toda la población, que les acompañó en su dolor en varias movilizaciones y también en un funeral conjunto celebrado en Marín con la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. También se reunieron con ellos y con el Papa en otra ocasión.
El Gobierno se negó desde el primer momento a bajar al pecio y, tras mucha lucha, y lograr el apoyo de la Comisión Europea, finalmente, sí lo cumplirá.
El juez Moreno se dirigió a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes y que tiene abierta también una investigación técnica sobre el naufragio, para que informe sobre la cualificación de su personal para elaborar la pericial sobre las causas del siniestro y sobre "la posibilidad, utilidad y necesidad de acceder al precio para poder resolver acerca de dicha cuestión".
La propia CIAIM inició consultas para determinar los medios técnicos necesarios y el coste económico de bajar al pecio, al entender que "podría contribuir" a obtener datos de interés y las familias han tenido conocimiento de que el pliego de condiciones para contratar este servicio podría estar a punto de publicarse.