El cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Luís Bará, se reunió este viernes con representantes de colectivos relacionados con la dependencia y la discapacidad como Xoga, AFAPO, ASSEII, Cogami, Amencer y Juan XXIII, y se comprometió con ellos a desarrollar una nueva ley gallega de la discapacidad.
Esta ley se centrará, tal y como adelantó, "nos dereitos e non só nos coidados", promovendo además "un plan de emprego para xerar nesta lexislatura 3.000 postos de traballo para unha vida digna".
Durante la reunión, en la que estuvo acompañado de la también candidata Victoria Canoura y de la concejala Anabel Gulías, Bará destacó que "a discapacidade e a dependencia é unha temática central para o Bloque" y considera que "cun goberno de Ana Pontón a vida da xente vai mellorar".
En este sentido, también avanzó que la intención y con el objetivo a medio plazo crearán un Servicio Público de Bienestar denominado 'SERGAS social', un organismo para atender de manera pública todas las necesidades de servicios para estos colectivos.
Con esta apuesta quieren hacer un cambio de enfoque del "asistencialismo e da visión paternalista centrada nos coidados a unha visión interseccional centrada nos dereitos das persoas con discapacidade, garantindo os coidados, pero tamén unha vida plena e digna en todos os ámbitos: o emprego, a saúde, a educación, a servizos, educación temperá, acceso á cultura, deporte ou lecer, o transporte, a accesibilidade ou outros ámbitos".
El enfoque, en definitiva, es adaptar toda la legislación y todos los planes y programas que haga el gobierno gallego en el ámbito a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del año 2006.
Otra de las iniciativas que Bará destacó en el encuentro es la "integración laboral". Para eso, la intención es aplicar "medidas de inclusión como a contratación e a compra pública, con cláusulas sociais que favorezan a integración destes colectivos a través das súas entidades representativas".
También habló de los contratos reservados previstos en la Ley de Contratación pública para poder dirigir directamente a los colectivos y personas con discapacidad una parte de las adjudicaciones del sector público, y la creación de un plan de empleo promovido por el gobierno de Ana Pontón en el ámbito de la economía circular y en la bioeconomía, "un sector emerxente con capacidade de expansión e crecemento que podería xerar arredor de 3.000 empregos".