El 18F hay una gran oportunidad de llevar las políticas públicas de memoria al gobierno gallego. Esa fue la principal idea que el cabeza de lista del BNG por la provincia de Pontevedra, Luís Bará, trasladó este sábado a los colectivos memorialistas, ante los que afirmó que el Bloque en la Xunta aprobará la Ley Gallega de Memoria Histórica y hará de la memoria una política transversal en la estructura de gobierno.
Abogó, asimismo, por la creación de un Archivo Público de la Memoria que permita recuperar y poner en valor trabajos previos como los realizados desde el proyecto Nomes e Voces, "que o PP laminou xunto ás políticas que se fixeran nos anos do bipartito". Anunció también que se dará apoyo al programa de localización, exhumación y enterramiento digno de las víctimas.
En tercer lugar, Bará aseguró que el BNG trabajará la memoria con perspectiva de género, puesto que es necesario, dijo, "facer traballo de restauración e recoñecemento do papel das mulleres non só como vítimas da represión (que sufriron máis que os homes), senón como protagonistas da resistencia, solidariedade e transmisión da memoria".
También consideró fundamental impulsar una línea de supresión y eliminación de simbología franquista y subrayó que se instaurará la celebración institucional del Día de Galiza Mártir.
AGUA
Por otra parte, y también este sábado, Luis Bará explicó que el gobierno del BNG potenciará desde la Xunta una nueva gobernanza del agua con un modelo propio para Galicia en el que favorecerá la gestión comunal para la mejora y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento.
El cabeza de lista del BNG en la provincia dijo que las comunidades de aguas y las pequeñas infraestructuras de abastecimiento –como los humedales artificiales- se deben combinar en el plan de inversiones gallego con las grandes infraestructuras centralizadas para zonas urbanas.
Destacó que es necesaria la creación del Consello galego y de los consellos territoriales para el uso sostenible del agua, y el fomento a creación de consorcios y mancomunidades públicas de gestión directa, con un reconocimiento pleno de las comunidades de agua y el fomento de su funcionamiento y mejora.