Para el BNG, es una "estafa" que los gallegos paguen los peajes más caros del estado español y, especialmente, se refieren a la autopista AP-9 cuya gestión reclaman que sea transferida a Galicia. Así lo ha vuelto a reivindicar su candidato por Pontevedra, Luis Bará, en un mitin celebrado este jueves en la Casa da Cultura de Moraña.
Bará calificó de "estafa legalizada" los peajes de la AP-9 y defendió la necesidad de tomar medidas para caminar hacia una progresiva gratuidad a corto plazo, ya que la autopista está ampliamente amortizada.
"É unha estafa que viaxar entre Tui e Ferrol percorrendo 200 quilómetros sexa o dobre de caro que viaxar os 600 quilómetros que separan Vigo de Madrid"", alegó.
Asimismo, el cabeza de lista por Pontevedra destacó que es un "despropósito político" que en un país con salarios y pensiones muy por debajo de la media "teñamos que pagar as peaxes máis caras do Estado" por la decisión del PP de aprobar la prórroga a la concesionaria.
El nacionalista defendió que el nuevo gobierno gallego con el BNG al frente debe abrir "un tempo novo" para las infraestructuras en la red viaria gallega dando prioridad a la conservación y la mejora de la seguridad vial en lugar de apostar por la "cultura do asfalto e de construír estradas e máis estradas de grande capacidade moi custosas".
A su entender esta línea seguida por el Partido Popular en los últimos años tuvo consecuencias nefastas en cuanto a número de accidentes y víctimas por suponer un "culto ao automóbil e á velocidade".
Bará recordó que la 'cultura del asfalto' pudo ser necesaria en el momento en que las vías de comunicación gallegas estaban en una situación realmente precaria, pero destacó que a día de hoy sólo se debe construir una nueva gran infraestructura cuando esté muy justificado. "É preciso inverter as prioridades, que a seguranza viaria e a adaptación das vías respondas ás necesidades reais e á diversidade de Galiza".
Por esta cuestión, Bará abogó por elaborar un Plan Nacional de Transportes e Infraestructuras que atienda a criterios de racionalidad, sostenibilidad y eficacia y que tenga como criterio la prioridad de la conservación y la mejora de la seguridad vial, potenciando las movilidades peatonales y ciclistas.